Celulares, computadoras, parlantes y todos los aparatos que usan baterías y se pueden recargar, usan lo que se denomina tecnología de almacenamiento de energía y en su elaboración, el litio es un metal fundamental. Pero no sólo eso, sino que el litio se está constituyendo en un elemento central en la transición energética.

El litio ha pasado de ser un recurso marginal a convertirse en un insumo imprescindible. Su rol estratégico radica en que posee la combinación única de densidad energética y ciclo de vida que demanda la industria tecnológica y automotriz del siglo XXI.

Esto convierte a Bolivia, Argentina y Chile, el denominado triángulo del litio, en una región estratégica para un mundo que intenta dejar atrás los combustibles fósiles y una industria automovilística ansiosa de ganar el mercado global de los vehículos eléctricos. Ésta, que podría ser una gran oportunidad para apalancar el desarrollo de estos países sudamericanos, encuentra otra vez a la región en condición de proveedora de materia prima y, por lo tanto, muy limitada en su capacidad de negociación frente a la China, que además de producir, domina la cadena todo el proceso químico hasta la elaboración de las baterías, lo que le proporciona gran capacidad de negociación. Por ahora, China lidera el mercado de la industria tecnológica, pero Estados Unidos e India van firmes en esta carrera.

Según el Servicio Geológico de EE. UU, cinco países de América latina poseen el 67% de las reservas mundiales de Litio: Bolivia con 21 millones de toneladas, Argentina con 19.3, Chile 9.6 y México 1.7 millones de toneladas. El otro 33% del litio del mundo está en Australia con 6.4 millones de toneladas, China 5.1, Canadá 2.9 y Alemania 2.7. Mientras que América Latina sigue siendo la región líder en reservas, países como Australia, China, Estados Unidos y Canadá son los que mayor cantidad de litio producen. Ningún país latinoamericano posee capitales ni infraestructura que le permita negociar el litio en condiciones favorables.

Este recurso natural, estratégico para la industria tecnológica vuelve a poner a América Latina en medio de las tensiones de los grandes capitales mundiales por el control de los mercados. Estas tensiones no sólo se producen entre los gigantes de la industria tecnológica sino también y paradójicamente, produce tensiones con las poblaciones que habitan los territorios donde hay litio porque, sobre todo en Bolivia, la extracción del litio supone el consumo de grandes cantidades de agua, lo que puede afectar gravemente los sistemas de vida de esas regiones, en un contexto de calentamiento global. A propósito de este tema, consultamos a Emily Iona Stewart, de Global Witness (una organización no gubernamental internacional que investiga atentados contra el medio ambiente y contra los derechos humanos) sobre las consecuencias que tiene la explotación de litio en Chile y Argentina; desde su perspectiva, la extracción de litio en el llamado «triángulo del litio» (Chile, Bolivia y Argentina) ha sido responsable de una serie de daños medioambientales y violaciones de los derechos humanos. “La extracción de litio en esta zona se realiza mediante el método de extracción de salmuera, que requiere una gran cantidad de agua. Las zonas en las que se encuentra el litio ya sufren una increíble escasez de agua. Las comunidades indígenas de los altos Andes han vivido en equilibrio con su entorno durante muchas generaciones, pero la nueva competencia por el agua dificulta cada vez más la mayoría de los medios de vida en esta región”. Además, los proyectos mineros se han llevado a cabo en tierras sagradas o cerca de ellas, lo que ha provocado tensiones sociales en las comunidades vinculadas a ellas, enfatiza Emily Iona Stewart.

Pero la explotación de litio no sólo produce los problemas anteriormente señalados; “un creciente conjunto de pruebas procedentes de organizaciones de la sociedad civil, procedimientos especiales de las Naciones Unidas y grupos indígenas locales indica que se están produciendo violaciones de los derechos humanos en las regiones productoras de litio de América Latina”, según la Global Witness. En muchas zonas, las comunidades denuncian que no se les consultó adecuadamente antes de aprobar los proyectos mineros, lo que viola su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, las comunidades también han denunciado intimidación, criminalización de las protestas y restricciones al acceso a la información, todo lo cual contribuye a un entorno más amplio de abusos de derechos en torno a la expansión del litio.

Si bien los gobiernos reconocen cada vez más la importancia de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente, también consideran que el litio es un recurso estratégico que podría impulsar el desarrollo nacional y atraer la inversión extranjera.

Como resultado, las autoridades suelen dar prioridad a la rápida aprobación de proyectos y a la competitividad económica por encima de un compromiso significativo con las comunidades afectadas. Esto ha dado lugar a una aplicación inconsistente de las regulaciones ambientales, una supervisión deficiente del uso del agua y mecanismos inadecuados para garantizar el CLPI.

Según Iona Stewart, Chile ha tomado medidas para mejorar los procesos de consulta o aumentar la transparencia, pero estos esfuerzos suelen quedarse cortos con respecto a las normas internacionales. En varios casos, los organismos estatales se han puesto del lado de los intereses mineros durante las disputas, y las preocupaciones de las comunidades han sido desestimadas como obstáculos para el desarrollo nacional. Argentina, por su parte, está aplicando una política de desregulación y rápida expansión, lo que no hará sino agravar los problemas a los que se enfrentan las comunidades de la región.