AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

El Estado boliviano aceptó en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) cinco recomendaciones referidas al cumplimiento del Convenio de Minamata y la reducción del mercurio en la actividad minera aurífera, y tres referidas a los Derechos de los Pueblos Indígenas y la consulta previa, libre e informada.

En el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU en el 59º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarrolla del 16 de junio al 11 de julio.

El Estado aceptó la recomendación 122.263 dada por España, para asegurar la participación de los Pueblos Indígenas a través de la consulta libre, previa e informada de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dados los altos niveles de contaminación en la Amazonía boliviana.

También aceptó la recomendación 122.264 que formuló Canadá para “Fortalecer la protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra, la salud y los recursos a través del consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de Minamata.

En su informe oficial, el Gobierno aceptó además la recomendación 122.181 planteada por Costa Rica para “Implementar mecanismos efectivos de monitoreo y control de los proyectos de explotación extractiva como minería y metalurgia que garanticen la protección y respeto al derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, incluso en su dimensión procedimental de quienes viven en las comunidades afectadas”.

El Estado también aceptó la recomendación 122.188 Yibuti para “Adoptar medidas eficaces para fortalecer la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a fin de hacer frente a los efectos de la contaminación relacionada con la exploración y explotación de los recursos naturales, incluida la contaminación por mercurio”.

La recomendación 122.153 dada por Suiza también fue aceptada, para “Tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud, mediante la aplicación delConvenio de Minamata sobre el mercurio y la adopción de medidas concretas para eliminar el uso del mercurio en las actividades de minería ilegal”.

Derechos de Pueblos Indígenas

Filipinas dio la recomendación 122.260 que fue aceptada por el Estado boliviano para “Mejorar los mecanismos de consulta y adopción de decisiones para garantizar la participación significativa de los pueblos, en particular en las cuestiones que afecten a sus dominios ancestrales”.

También aceptó la recomendación122.261 de Armenia para “Aumentar la participación de las comunidades indígenas en los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus tierras, recursos y derechos, de conformidad con las normas internacionales”.

Se aceptó también la recomendación 122.262 planteada por Australia para “Asegurar la consulta previa con las comunidades indígenas en los proyectos que afecten sus tierras y recursos”.

El EPU, o Examen Periódico Universal, es un proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examina la situación de los Derechos Humanos de cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.

Plan de Acción Nacional para reducir el mercurio

Sin la participación de los pueblos indígenas de la Amazonía, principales afectados por la contaminación de la minería aurífera, el Plan de Acción Nacional (PAN) para una minería responsable del oro elaborado por el Gobierno junto con las cooperativas, que contó con el apoyo técnico financiero de Planet Gold y Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) plantea reducir al 60% el uso del mercurio al 2031; es decir, a largo plazo.

El plan pensado en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) plantea eliminar la práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea en la minería vetiforme dentro del proceso de obtención del oro a metas a alcanzar en tres momentos: a corto plazo, el 5% de los actores productivos (APM) auríferos la eliminarán; a mediano plazo entre 2027-2029 llegar al 35%, y a largo plazo entre 2030 y 2031 alcanzar al 60% de los actores productivos. Se estima una pérdida entre 46 a 56 toneladas de mercurio anuales.

La práctica de molienda y amalgamación con mercurio simultánea es catalogada por el Convenio de Minamata como una de las «peores prácticas»; es decir, acciones que más contaminan con mercurio y que deben eliminarse inmediatamente.

Sin embargo en Bolivia predomina la minería aurífera mecanizada, intensiva de gran impacto socioambiental. Las dragas chinas y los planchones colombianos son una muestra de lo que sucede en el río Kaka en el departamento de La Paz, así como las 700 balsas que operan en el río Madre de Dios y sus afluentes en Beni y Pando.

Insuficientes avances en la reducción del mercurio

En febrero de este año, el investigador Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) consideró que a más de dos años de su lanzamiento, el Plan de Acción Nacional para reducir el mercurio en la extracción del oro tuvo avances insuficientes en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata, pues se limitó a generar un registro de importadores y comercializadores, y no así a realizar acciones concretas que vayan a reducir el uso de la sustancia tóxica en la minería del oro.

“Es importante mencionar que las dos acciones han sido asumidas por el Estado a presión de la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos (…). Sobre el Plan de Acción el Gobierno tenía financiamiento por donación hace tres años y el registro de importadores fue una propuesta de decreto que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que rechazado por más de tres años por el Gabinete, antes de ser puesto en vigencia”, afirmó.

Puntualizó que el registro de importadoras y comercializadoras ha sido una medida interesante que la adoptaron muchos otros países, pero insuficiente, ya que en el caso boliviano se limita a contar con la lista de importadores, pero no hay una prohibición progresiva como lo hizo Colombia que prohibió el uso y comercialización de la sustancia tóxica en el marco de un plan.

“En el caso de Bolivia no hay restricción ni prohibición de comercialización del mercurio, sobre la implementación del registro no se conocen nada (…). Hay la denuncia de comercializadores del mercurio de Perú, que operan en Bolivia y algunos con procesos, no se ha dicho nada al respecto”, señaló.

Sobre el plan de acción nacional y plan de mercurio y salud dijo que fue una iniciativa muy interesante pero que no llegó a concretarse en su versión final. “Se lanzó con mucha pompa, hubo capacitación, medidas que hubiesen sido interesantes en toxicología pero hasta donde tenemos conocimiento hubo algún material informativo y algunos talleres pero no hay ninguna medida concreta”, dijo.