AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Defensores de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía advierten que los Estados de Bolivia y Brasil incumple el Acuerdo de Escazú y la reciente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al criminalizar la protesta a través de procesos penales activados por YPFB y Petrobras en contra de comunarios que rechazan las actividades petroleras al interior del área protegida y zonas aledañas que afectan las fuentes de agua.

En una conferencia de prensa ofrecida en la plaza Luis de Fuentes de la ciudad de Tarija, Juan Mendoza, vicepresidente del Comité de Defensa de Chiquiacá y comunario judicializado; Ronal Cruz, miembro de la directiva de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap); Paola Gareca, ex ejecutiva de la Subcentral Tariquía y comunaria judicializada; además de Miguel Miranda del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denunciaron varios extremos.

Cruz quien también es abogado especializado en justicia indígena, dio lectura al manifiesto que señala que las petroleras estatales de Bolivia y Brasil incumplen el Acuerdo de Escazú y la reciente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente estas obligaciones de los Estados, entre otras normas de carácter internacional.

Recordó que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, comprometiéndose a proteger y garantizar la labor de quienes defienden el medioambiente a través de procesos judiciales infundados en contra de varios comunarios entre hombres y mujeres, además de cívicos, lo que se constituye en una forma de represión que vulnera derechos fundamentales y contradice especialmente el artículo 9 del Acuerdo, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda amenaza, agresión o acto de violencia contra defensores ambientales.

“En virtud del derecho a defender los Derechos Humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la criminalización de la defensa del medio ambiente”, señaló el jurista.

A nueve meses del proceso penal iniciado por YPFB y Petrobras Bolivia en contra de comunarios de Chiquiacá y Tariquía, defensores de Tariquía, el proceso sigue abierto, ignorando estas empresas los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que asumieron los Estados de Bolivia y Brasil para proteger a los defensores ambientales.

Las empresas han vuelto a demostrar su actuación sañuda contra los defensores de Tariquía, tratando de impugnar la decisión del juez de Entre Ríos quien dictaminó, el pasado 24 de junio, que los procesados se defiendan en plena libertad. El juez de la Sala Penal II del Juzgado Departamental de Tarija denegó esa apelación debido a fallos procedimentales.

“Lo grave de este último hecho es que YPFB y Petrobras —ambas empresas estatales, por tanto, sujetos de obligaciones en materia de DDHH— persisten con la persecución judicial contra nosotros, campesinos que defendemos nuestro territorio, el agua y el medioambiente; un patrimonio natural de todos los bolivianos llamado Tariquía”, dio lectura al pronunciamiento.

“Las mismas empresas además de criminalizarnos, hostigan y chantajean a nuestras comunidades; hacen promesas inverosímiles y asumen engañosamente el rol de proveedoras de servicios básicos, generando divisiones y entrometiéndose en la vida interna de nuestras comunidades y organizaciones”, dijo Juan Mendoza.

Por su parte, Gareca señaló que la estrategia de las empresas y sus aliados afines al Gobierno es de mellar la dignidad de las familias campesinas ofreciendo dádivas “a cambio de que aceptemos pasivamente el ingreso de las empresas petroleras al territorio, chantajeándonos, aprovechándose de nuestra situación de necesidad y vulnerabilidad”.

En esa línea señalaron que las autoridades estatales son cómplices de estos atropellos, donde la violencia contra los defensores ambientales proviene de las propias empresas estatales y otras entidades públicas.

A su turno Miguel Miranda dijo que a pesar a que el Gobierno habla y se regocija de los “exitosos resultados” de los pozos exploratorios en Churumas, no dice nada de los graves impactos ambientales de estos proyectos al estar emplazados en la zona núcleo de la reserva, la zona más frágil y ecológicamente más valiosa; ni tampoco dice nada de tantos hechos de violencia contra las familias de Churumas que la imposición de estos pozos exploratorios ha conllevado desde el año 2022.

“Este cúmulo de hechos de violencia contra los defensores ambientales en Tariquía es muestra patente de una actuación de estas empresas totalmente contraria a los compromisos y obligaciones que los estados de Bolivia y Brasil han asumido para proteger los derechos ambientales y, particularmente, proteger a los personas y organizaciones que defienden el medioambiente y el patrimonio natural”, señaló.

En virtud de las obligaciones estatales, los defensores expusieron varias demandas:

1. Exigimos que las empresas YPFB y Petrobras cesen el injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Tariquía.
2. Demandamos a las entidades estatales y de la sociedad civil en Bolivia y Brasil, que directamente tienen competencia en materia de DDHH, interpongan sus oficios para detener la criminalización contra los Defensores Ambientales de Tariquía, tanto en el Cantón Chiquiacá como en Tariquía y Churumas.
3. Convocamos a los actores regionales en el departamento de Tarija a asumir los roles que les corresponden para frenar la violencia contra las comunidades de Tariquía y particularmente los defensores criminalizados.
4. Alertamos a la sociedad civil a tomar en cuenta que mantenga una posición crítica frente al aumento de los atropellos que va a implicar la intensificación de las actividades de exploración de gas y petróleo, dada la crisis de los carburantes, pues ninguno de los candidatos a la presidencia ha mostrado hasta ahora un compromiso claro para proteger los DDHH y el medioambiente como un derecho. Y no se debe resolver esta crisis de los carburantes destruyendo las áreas protegidas y trayendo más violencia a las comunidades que habitamos en ellas.
5. Llamamos a las organizaciones internacionales de DDHH a tomar conocimiento y pronunciarse ante estas injustas violencias contra las comunidades de Tariquía y las graves incoherencias de los Estados de Bolivia y Brasil que, en este caso, están incumpliendo de manera flagrante sus compromisos para con la protección a los defensores del medioambiente.