SE REUNIERON CON SERNAP
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Exigencias de cooperativistas mineros auríferos ponen en riesgo la conservación de las Áreas Protegidas de Bolivia

Foto: Onda Azul.

La reunión entre el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Johnson Jiménez con el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL), Roger Coata acompañado de otros dirigentes de organizaciones de mineros auríferos, demostró, de forma sorpresiva el pasado lunes, una “debilidad institucional” que puede poner en riesgo la conservación de las Áreas Protegidas de Bolivia, porque se aceptó el rechazo de los cooperativistas de un informe jurídico legal elaborado por el SERNAP y que fue publicado a la población mediante un comunicado oficial.

El Presidente de FECMABOL afirmó que “está escrito en la biblia y donde no está permitido (el rescate de oro), ahora está apareciendo el mineral”, refiriéndose a la existencia de oro en las Áreas Protegidas. “El sector minero ni pensaba ingresar (a las Áreas Protegidas) pero ahora está ingresando, pero respetando las normativas y la propia Constitución Política del Estado”, dijo Coata.

El dirigente cooperativista calificó la reunión como “un avance”, porque el Director Ejecutivo del SERNAP reconoció que, “no ha trabajado” con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las exigencias de los cooperativistas como la revisión de los derechos mineros preconstituidos (según los cooperativistas 74 cooperativas en total pero que, en el análisis del SERNAP, sólo dos podrían ser aceptadas como preconstituidas, o sea que adquirieron derechos antes de la creación del área protegida correspondiente) y la emisión de los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs) que permitan avanzar en los trámites de adecuación minera.

La pasada semana el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió un comunicado en el que afirmaba que, “en su firme compromiso con el pueblo boliviano y en consonancia con el mandato del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, establece que no emitirá Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs) para trámites de adecuación minera que no puedan demostrar la posesión de derechos mineros anteriores a la creación de las Áreas Protegidas”.

Así como también a los que no se adecúen a la normativa ambiental vigente: la Ley 1333 de Medio Ambiente, sus reglamentos y decretos supremos, como también la Ley 535 de Minería y Metalurgia, en los artículos 93 y 220.

Sin embargo, el lunes en la noche el SERNAP eliminó el comunicado de su página de Facebook, aceptando la demanda del sector cooperativista aurífero que rechazó el informe jurídico legal. El retroceso se fundamenta, según Coata, porque “ellos han trabajado (el informe), bajo su normativa, su Ley de Medio Ambiente y que no está adecuado a la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia”.

El Director de SERNAP se comprometió, según el dirigente cooperativista, que se va a reunir con AJAM en el transcurso de esta semana para “ponerse de acuerdo” en las normativas y las leyes que tienen que estar “contempladas bajo los principios del sistema cooperativo minero aurífero” y, (supuestamente) bajo los principios del respeto a las Áreas Protegidas. “Deben limar asperezas (SERNAP y AJAM) para luego armar mesas de trabajo en las que participarán los asesores legales de las federaciones”, sentenció Coata.

Dijo que el actual gobierno coloca en las direcciones institucionales a gente profesional o no profesional que lamentablemente no conoce el rubro ni la estructura política del manejo económico del Estado.

“No podemos seguir perjudicando al Estado Plurinacional porque actualmente su sostén económico es la actividad minera del sector aurífero”, añadió.

Se intentó inútilmente una comunicación con el Director del SERNAP, sólo algunos funcionaros expresaron su extrañeza al constatar que el comunicado fue eliminado de la página oficial de Facebook. Se conoció también que son varios los empleados del SERNAP que están en desacuerdo con las sorpresivas actitudes de consentimiento que se asumen en la institución.(Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia)