Sergio Mendoza (Tomado de la Nube)

Fotografías y videos de Manuel Seoane

Acosado y escoltado como un asesino sin conciencia, el indígena chimán Julio Lero Sánchez, de 25 años, decía que “sí” a todo lo que le preguntaban los que lo capturaron. Sus respuestas, como los relatos que después se construyeron del crimen, carecían de sentido. Con base en estas incongruencias se imputó a Lero el asesinato de otro indígena, Francisco Marupa, y en las redes sociales se construyó una historia que no calzó con la realidad. El “caso Marupa” y el nombre de Torewa repercutirían a nivel internacional.

A lo que es todavía un crimen sin resolver se lo empaquetó como un asesinato planificado y mandado a hacer por mafias mineras que buscan apropiarse de una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado al norte de La Paz, en la Amazonía boliviana. A la víctima de 66 años se lo retrató como un antiguo defensor del bosque ejecutado por grupos criminales. No se hizo una investigación profunda del hecho. A Lero, que parece no entender lo que ocurre a su alrededor, se lo encarceló por homicidio sin pruebas claras.

Detrás de este escenario confuso hay un conflicto de tierras de larga data entre dos comunidades que se llaman igual: Torewa; pero que lucen diferente, y que no se quieren. A una se la llama Campesina, a la otra Indígena. La primera es más rústica, con casas de madera y techos de palma; la segunda tiene ladrillo y cemento. Ambas se encuentran al interior del Madidi, a unos cinco kilómetros de distancia, viven del plátano y comparten un territorio de inmensa riqueza natural con oro, madera y quizás hasta petróleo. Pero no quieren compartirlo, ambas se dicen dueñas de lo mismo.

Julio Lero, el encarcelado, pertenece a Torewa Campesina. Francisco Marupa, el fallecido, a Torewa Indígena.

Domingo Ocampo, de ascendencia mosetén, dice que fundó Torewa Campesina en 1992, antes de que se creara el área protegida Madidi, en 1995. Afirma que su abuelo vivió allí décadas atrás, y que él se interesó por esa maravillosa planicie emplazada entre el Chepete y el Bala, dos angusturas donde el gobierno del MAS intentó construir hidroeléctricas.

“En ese tiempo, hace más de 30 años, yo era minero. Estábamos dentro la mina con el Chino, cuando el Leches, así le decíamos porque era el más joven, pasó por nuestra espalda. De pronto se oyó un grito: ‘¡¡Aaaaahhh!!’, así, y el Chino me dijo: ‘¡salí, salí!’. Salimos corriendo, pero el Leches ya no salió”, me cuenta Ocampo, un hombre regordete, de pelo blanco y rostro moreno achinado.

Aquel episodio hizo que Ocampo replanteara su vida: seguir en la mina, donde a veces le iba bien y otras no, donde sus posibilidades de convertirse en socio de una cooperativa eran casi nulas, donde se le morían amigos buscando oro, o ir a ver esa tierra de la que su abuelo le habló.

Decidió un nuevo principio, y se embarcó por el río Beni para encontrar aquel lugar de reinicio.

Torewa en lengua Chimán significa lugar de encanto y misterio. Antes de 1990 estuvo poblada por madereros, agricultores, y pueblos indígenas. Pero el 21 de septiembre de 1995 marcaría un antes un después; fue la fecha en la que se creó el parque Madidi, y en teoría, a partir de entonces, ya no se permitirían nuevos asentamientos en la zona.

Por eso, Ocampo se jacta de un letrero que tiene en el muro de su casa, la primera cuando uno ingresa al poblado desde el río Beni.  “Bienvenidos a la Comunidad Torewa, fundada el 30 de agosto de 1992, con personería jurídica N° 001/1995”. Dice que él y otros a quienes convenció para venirse hasta acá se instalaron con carpas de lona. Se les metieron los gusanos bajo la piel, contrajeron leishmaniasis, comieron la abundante carne de pescado y chancho tropero que la selva les ofrecía. Los perros se hicieron el manjar de los jaguares, y los jaguares las víctimas de los humanos.

Después llegó el plátano.

Esta fruta es la principal fuente de ingresos para la gente de ambas Torewas. Los lugareños afirman que las palmeras dan fruto cada tres semanas, cada hectárea genera unos Bs 1.000, y la gente más humilde, como Julio Lero, puede tener unas cuatro hectáreas.

La gente también cultiva arroz, piña, palta (aunque más para consumo propio). Tienen huevos y gallinas. Pescan y cazan. Lavan oro en los ríos. Los recursos para subsistir no faltan. Pero no hay luz eléctrica, agua potable, ni servicios de salud. No hay señal telefónica. Están aislados del mundo, a unas tres horas en bote desde Rurrenabaque.

El estallido en las redes sociales

El cadáver de Francisco Marupa fue hallado el 14 de febrero de 2025. Estaba al lado de una carretilla, en su propio platanal, a unos metros de su casa de madera. Pocas horas después, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) manifestó que un “anciano sabio y guardián” del Madidi fue “brutalmente asesinado”.

El pronunciamiento apuntaba a que el asesinato de un “defensor incansable de la naturaleza” fue cometido por “invasores” y “mafias criminales” vinculadas a la minería ilegal.

Ante lo que podía ser el primer asesinato registrado de un defensor ambiental en Bolivia, el entonces presidente Luis Arce expresó su “profunda consternación”, decenas de instituciones pidieron una investigación profunda, y la Unión Europea dijo que el “trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia”

Por las redes circuló un video con la fotografía del difunto y un audio atribuido a su persona, un discurso en el que defendía el agua sobre el dinero. Pero el video resultó ser falso, el audio correspondía al discurso de un hombre en Ecuador en septiembre de 2024. El origen de la falsedad se rastreó hasta una cuenta en Santa Cruz, sin que se conociera más sobre ello.

También circularon versiones de que Marupa fue asesinado a machetazos y con un tiro en la cabeza. Pero el cadáver no presentó más signos de violencia que un duro golpe al lado derecho de la frente que le fracturó el cráneo, le provocó una hemorragia, y después la muerte, según la autopsia.

Si bien Marupa pertenecía a Torewa Indígena, su casa quedaba lejos del centro poblado de su comunidad. Sus cultivos de plátano se encontraban al otro extremo de su territorio, cruzando la Torewa Campesina, e internándose unos minutos en bote por el río Hondo. En este sector vivían varias personas, amigos y familiares de Marupa, pero él, que se había instalado hace unos cinco años, vivía solo.

Hay discrepancias sobre su rol de defensor del bosque. Su comunidad y el CIPLA afirman que así fue, y que el solo hecho de ser indígena lo hace un defensor de la naturaleza. Pero otros actores conocidos por alzar la voz contra la minería ilegal y las actividades extractivas en esta región dicen que nunca escucharon de él.

Llama la atención que un día antes de que se encontrara el cadáver de Marupa y de que se apuntara a “mafias criminales” por el asesinato, Julio Lero, el indígena chimán de Torewa Campesina, ya era perseguido en medio del monte y entre disparos.

¿Autor confeso?

La noche del miércoles 12 de febrero, Daniel Julio Apaza, yerno de Francisco Marupa, visitó la estación policial de San Buenaventura para denunciar la desaparición de su suegro y su posible muerte. Más temprano, mientras iba a cortar plátano, Apaza descubrió manchas de sangre en la casa de Marupa, pero a él no lo vio por ningún lado. Unos metros más allá vio una camisa ensangrentada. Pensó -de acuerdo a su declaración policial- que cualquier cosa que ocurrió allí tuvo que ser por la madrugada de ese miércoles.

A eso de las 13:00 de ese día, Julio Lero (según la versión de los que lo defienden) salió de su choza a cazar algo para sacarle provecho al arroz que cosechó. Fue con su hermano Ignacio y un arma de fuego para darle a algún chancho. Bajó en su bote por el río Beni y se metió por el río Hondo, pasando cerca a la casa de Marupa, quien para entonces ya debía estar muerto, para después internarse en el monte en busca de sus presas. 

El jueves 13 de febrero, la Policía registró el lugar del hecho y encontró sangre en la cabaña de Marupa, así como ropa, una frazada, y un mosquitero. Todo desparramado alrededor de la casa, y con sangre. Pero no encontraron el cuerpo. El bote de Marupa apareció en Rurrenabaque, casi 40 kilómetros río abajo, y el bote de otro comunario desapareció.

De pronto y sin mayores explicaciones, alguien pensó que el responsable de lo que ocurrió allí podía estar río arriba, precisamente donde Julio Lero había ido. Una comisión que incluyó a los hijos de Marupa, Eleuterio y Diego, partió, y no mucho después de navegar encontraron un bote en la orilla y en él “las pertenencias” del fallecido, según los que participaron de la operación. Estas pertenencias eran un machete, víveres, y un parlante, objetos que, sin mayores detalles, podrían ser de cualquiera. Pero cuando quisieron encarar al dueño del bote, Julio, éste salió corriendo hacia la selva disparando su escopeta.

Julio regresó su comunidad, Torewa Campesina, la noche del jueves 13 de febrero. Para ello atravesó la selva sin más brújula que su instinto.

El cuerpo de Marupa fue hallado el viernes 14 de febrero. Ya estaba en descomposición.

Horas después los comunarios de Torewa Indígena fueron a Torewa Campesina y arrestaron a Lero en supuesta “flagrancia”. Dijeron que hallaron su bote cerca de la escena del crimen con las pertenencias del fallecido. Los vecinos de Julio no se opusieron, más bien colaboraron a que se esclarezca el asesinato. Subieron al sospechoso a un bote y mientras bajaban por el río Beni un policía le preguntó cómo había matado. Con la apariencia de quien no sabe de qué le hablan ni qué ocurre a su alrededor, Julio respondió: “cuchillao, con flecha”.

Pero en la autopsia practicada a Marupa no se encontró ninguna señal de un acuchillamiento, menos de una herida de flecha, sólo un duro golpe en la cabeza. Quizás Julio hablaba de los animales que había cazado.

Ese mismo día le leyeron sus derechos. Lo más probable es que no entendiera nada. Firmó con su huella dactilar y su nombre fue escrito con dos tipos de letra distintas y dos bolígrafos diferentes. Lo más seguro es que él no escribió su propio nombre, porque ni siquiera era el suyo, sino que le pertenecía a otro: Julio Lero Tayo.

Ese sábado 15 de febrero, Julio Lero ya estaba imputado por homicidio. La única evidencia en su contra era su “confesión”, que a la vez carecía de sentido.

Las deficiencias, irregularidades y vulneraciones al debido proceso resaltan en el caso Marupa. Las acusaciones contra Julio Lero no se basan en evidencias sólidas y claras. Un reporte de UNITAS, que sigue de cerca el proceso, identificó “problemas estructurales en la investigación”, como errores en la identificación del acusado, ausencia de pericias técnicas fundamentales, falta de diligencia en la recolección y el análisis de pruebas, una defensa técnica condicionada a distintas limitaciones, falta de intérpretes calificados, entre otros.

“La investigación y la defensa deben orientarse al esclarecimiento de los hechos y no a la confirmación de presunciones, evitando así que las desigualdades estructurales se traduzcan en violaciones al debido proceso”, se lee en dicho reporte.

El caso de Julio trascendió a nivel del Estado. En la anterior legislatura, la diputada Toribia Lero presentó una petición de informe al Ministerio de Justicia, en la que observa vulneraciones al debido proceso y a la defensa en favor de Julio Lero, enfocada en la ausencia de un traductor oficial durante sus audiencias. El senador Henry Montero planteó otra petición de informe escrito a la Fiscalía General del Estado, solicitando explicaciones a las “contradicciones e imprecisiones” que se presentan en el caso.

La Fiscalía no respondió a solicitudes de información para este reportaje.

La pelea

En Torewa el amanecer es blanco. El vapor que libera el bosque, enfriado durante la noche, convierte el aire en espesura lechosa. Viendo esto uno cae en cuenta de cuánta agua generan los árboles.

El parque Madidi se creó un 21 de septiembre de 1995 a través de un decreto que prohíbe nuevos asentamientos en el área protegida y deja sin efecto cualquier trámite con fines similares. Sin embargo, la Ley 1715 permite la titulación de tierras comunitarias de origen (TCO) dentro de áreas protegidas.

Al inicio había una sola Torewa, pero a principios del 2000 se dividió en dos. Unos dicen que por intereses económicos, otros culturales y de afiliación étnica. Los de Torewa Campesina afirman que se instalaron en 1992 y conseguieron su personería jurídica en enero de 1995, todo antes de la creación del parque. Los de Torewa Indígena también reclaman derechos anteriores al 95’; aunque su asentamiento sería posterior al 2000, la personería jurídica del CIPLA data de febrero de 1998, y la titulación de las 238 mil hectáreas en su favor, como TCO del pueblo Leco, se aprobó en 2006. 

Por estos papeles el pueblo Leco, o sea el CIPLA, es “el dueño” de estas tierras. Pero esta selva ya era habitada por chimanes y mosetenes por cientos de años, obviamente sin papeles. “Antes los indígenas no teníamos límites territoriales. Si los chimanes y mosetenes demandaban estas tierras antes que nosotros hubieran logrado” hacerse con la titulación, dice Dionicio Gutiérrez, dirigente del CIPLA. 

Pero los lecos hicieron los trámites primero.

“Nosotros tenemos los papeles y ellos están en nuestro territorio. Nosotros somos los dueños”, afirma Hugo Calcina, miembro de Torewa Indígena, sentado en una banca al frente de la cancha de fútbol donde se enfrentan ambas comunidades en un partido de fútbol. Jóvenes de la Torewa Campesina llegaron al lugar cruzando riachuelos y evadiendo hojas y racimos de plátano colgando a los costados de un angosto sendero.

Ambas comunidades están conectadas por agua -a través del río Beni- y por tierra -a través de cientos de hectáreas de platanales. El desmonte es evidente. Los árboles han sido tumbados y remplazados por palmeras que generan dinero. El chaqueo como práctica para limpiar el terreno genera riesgos de incendios.

José Luis Howard, director interino del área protegida dice que los cultivos de plátano aún se mantienen dentro de los márgenes permitidos en el Madidi y éstos son “compatibles con el tema de la conservación”.

Varias voces señalan que los lecos podrían tener intenciones de impulsar actividades extractivas en esta zona, como la minería mecanizada, que ha causado estragos río arriba y en Apolo, región históricamente dominada por el pueblo Leco. Calcina afirma que esa no es su intención, pese a que no han faltado propuestas de empresas y cooperativas mineras. “Siempre hemos rechazado. Con lo que vivimos estamos bien”.

La organización matriz del CIPLA, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), ha mostrado una postura favorable a cierto interés de los gobiernos del MAS: el proyecto hidroeléctrico Chepete – Bala. El mismo fue declarado de “interés y prioridad nacional” en 2007, un año después de que se concedieran las tierras al pueblo Leco. Las obras implicarían el desplazamiento de miles de indígenas y alrededor de 700 kilómetros cuadrados inundados. En agosto del 2017, durante la administración de Evo Morales, esta organización indígena firmó un convenio con ENDE para socializar los beneficios que traería dicho proyecto. En agosto del 2021, ya con Luis Arce como presidente, la CPILAP volvió a firmar otro convenio “de coordinación y cooperación” para el proyecto hidroeléctrico. Las intenciones del gobierno no avanzaron debido a la oposición de pueblos indígenas como Torewa Campesina.

Gutiérrez, representante del CIPLA, dijo que “nunca” se autorizó la construcción de proyectos que pongan en riesgo el medioambiente, y calificó de políticas las acusaciones contra su organización matriz.

Hay quienes piensan que el conflicto entre ambas comunidades no es sólo un tema de tierras, sino de las riquezas que ésta posee en oro, madera, suelos fértiles, y quizás petróleo.

Se han reportado intereses por el oro en la región. Una fuente conocedora de la zona que pidió mantener su nombre en reserva señaló que ambos sectores están interesados en el potencial aurífero, y que el discurso contra la minería “es frágil” debido al aumento de los precios de este metal precioso en los mercados internacionales. “Yo creo que el crimen de Marupa está vinculado al tema del oro”, dijo.

Las pugnas incluso se abordan, por supuesto, desde el ser o no ser indígena. Se dice que históricamente esta zona fue dominada por chimanes y mosetenes, no por lecos, que se ubicaban más al sur y al oeste. Los de Torewa Campesina afirman que la Indígena en realidad está compuesta por aymaras y quechuas, que se hacen llamar lecos, pese a que este pueblo dejó de existir hace mucho. Grupos foráneos utilizaron el ser indígena como un pretexto, un “palo blanco, para camuflar otros intereses por la riqueza de la zona, en desmedro de las comunidades campesinas”, señalaron los de Torewa Campesina en una demanda por la titulación de esta tierra, una demanda que fue negada por un tribunal agrario.

Pero, ¿quién es indígena? La autoidentificación hace imposible decirlo. Como señala la demanda que falló en favor de los lecos: “La etnicidad no es algo estático, sino dinámico. En un grupo los caracteres identificadores pueden cambiar con el paso del tiempo, a una forma de identificación que en apariencia ya no guarda relación con lo indígena. En ese proceso de cambio de la identidad étnica puede que se produzca la pérdida de identificadores tradicionales y aparecer nuevas formas de identidad que sigan manteniendo la idea de grupo o cohesión grupal, que es lo que ha ocurrido con el pueblo Leco”.

En San Pedro

Mientras se escriben estas líneas, en noviembre de 2025, Julio Lero anda por los pasillos de San Pedro, la cárcel a la que lo envió la justicia. La llegada del verano le ha sentado mejor, pues no está acostumbrado a vivir a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Llegó en las peores condiciones, sin hablar bien el castellano, quizás sin siquiera saber dónde estaba. Pero ahora un hombre de Apolo, descendiente de lecos, cuida de él. Es Juan Bascopé Cari, un apicultor que también fue encerrado sin pruebas claras en un mediático caso ocurrido en 2013.

De orígenes distintos ambos comparten una misma suerte. Mientras tanto, en Torewa, aún hay un crimen sin resolver, y una pelea que sigue por esas ricas tierras.

• Esta investigación periodística fue financiada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)