EUROPA PRESS

La Justicia de Argentina ha procesado este jueves al expresidente Alberto Fernández en el marco de una investigación por corrupción a raíz de unas supuestas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias públicas durante su mandato, de 2019 a 2023, en una trama que involucra a una treintena de personas más.

El exdirigente se enfrentaría de esta forma a una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua por un cargo de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", según ha recogido el diario 'La Nación', en lo que constituye el primer caso de corrupción que afronta desde que dejase la Casa Rosada.

Según el juez federal Sebastián Casanello, Fernández habría intervenido para favorecer los intereses económicos del corredor de seguros Héctor Martínez Sosa --también acusado como partícipe del delito atribuido al entonces mandatario--, quien pertenecería a "su círculo íntimo" y había sido el principal cliente del exdirigente entre 2010 y 2019, cuando éste trabajaba como abogado y lobista, según el mismo diario.

El magistrado de Buenos Aires investiga la relación entre la aseguradora Nación Seguros y corredores privados como Martínez Sosa, cuya firma, habría concentrado cerca del 60 por ciento de las comisiones pagadas por la empresa entre 2020 y 2023, superando así los 2.250 millones de pesos (cerca de un millón y medio de euros hoy, aunque en 2023 podría haber alcanzado los 19 millones de euros). Por esta razón, Casanello ha considerado que el exmandatario formaba parte del "plan de expansión de los negocios" del grupo de Martínez Sosa con el Estado.

En el fallo, el juez ha ordenado un embargo sobre los bienes del expresidente por más de 14.600 millones de pesos argentinos (unos 9,9 millones de euros) y ha procesado, con Fernández y Martínez Sosa, a un total de 34 personas, incluidos el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles, y María Cantero --a quien el expresidente nombró su secretaria privada durante su mandato--, por el mismo cargo que Fernández y por incumplimiento de los deberes de funcionaria.