UNITAS

Un total de 21 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto por el cual condenan las medidas normativas que atentan contra la Madre Tierra, particularmente contra el Bosque Seco Chiquitano que sufre desde hace días un incendio de grandes magnitudes que, a juicio de estas instituciones, es “una de las peores catástrofes naturales” en la historia de Bolivia.

El pronunciamiento deplora el Decreto Supremo 3973, aprobado el 10 de julio de 2019, que modifica el artículo 5 del DS 26075 y autoriza el desmonte mediante la quema controlada, o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, siendo que, antes de la modificación, dicha actividad era permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras privadas.

Son siete puntos que conforman este pronunciamiento, que también considera como “actos flagrantes de negligencia” las autorizaciones de chaqueo emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras, entidad a la que atribuyen toda la responsabilidad de este desastre natural. Las organizaciones de la sociedad civil también exhortan al Estado boliviano a cumplir con su deber de garantizar los derechos medioambientales y emitir políticas públicas para prohibir la deforestación.

Los firmantes del pronunciamiento son UNITAS, APROSAR, CASA DE LA MUJER, CEDLA, CENDA, CEJIS, CER-DET, CIAC, CIDEM, CIPCA, DNI-B, Fundación ACLO, Fundación Social URAMANTA, IICCA, INDICEP,  ISALP, KURMI, MUJERES EN ACCION, PIO XII, PROMUTAR y SEMTA.

Lea el pronunciamiento a continuación:

“Siembra vientos y cosecharás tempestades”
Pronunciamiento Público
en solidaridad y defensa del Bosque Seco Chiquitano
 

A pesar que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a vivir en un
medio ambiente sano, con un manejo y aprovechamiento adecuado de los
ecosistemas; a pesar que la misma norma exige la protección del medio
ambiente como requisito para la industrialización de recursos naturales; a pesar
que el Estado tiene el deber de conservar, proteger y aprovechar de manera
SUSTENTABLE la biodiversidad; a pesar de la promulgación de una Ley que
garantiza los derechos de la Madre Tierra, que incluye su derecho al
mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales
que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración;
a pesar del discurso gubernamental referido a la protección del medio
ambiente, tanto en la esfera nacional como en el ámbito internacional; hoy,
Bolivia enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia,
provocada por políticas que promueven la deforestación en el país.

El Decreto Supremo 3973, aprobado el 10 de julio de 2019, que modifica el
artículo 5 del DS 26075, autoriza el desmonte mediante la quema controlada, o
chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de
Beni y Santa Cruz, siendo que, antes de la modificación, dicha actividad era
permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras
privadas. De acuerdo a la norma, cada quema controlada ha sido autorizada por
la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), derivando en la deforestación de más
de 600.000 hectáreas en el último mes.

Ante los argumentos que buscan justificar el accionar del gobierno, alegando
que estas prácticas se realizan de manera constante alrededor del mundo, es
necesario mencionar que el mismo hecho de autorizar la quema controlada es
una vulneración de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía en
general, puesto que afecta al ecosistema y al medio ambiente en el que todos
nos desarrollamos. El hecho que otros países en el mundo permitan esta acción, 
no exime al Estado boliviano de su responsabilidad frente a estos hechos y sus
consecuencias, y mucho menos si se toman en cuenta los incendios sufridos en
el Bosque Seco Chiquitano.

Las características de este bosque hacen que sea clasificado en la categoría de
bosque más frágil, debido a la lenta capacidad de regeneración y a la constante
amenaza que sufre con la deforestación, siendo también más propenso a los
incendios forestales por la gran acumulación de materia orgánica seca y sin
descomposición que se halla en el suelo. El conocer las características de este
bosque, y aun así haber permitido la deforestación mediante la quema
controlada en zonas aledañas o al interior del mismo, no solo representa la
omisión de los deberes del Estado y la violación a los derechos ya mencionados,
sino que se convierte en un acto aberrante de negligencia por parte de las
autoridades, incluyendo las declaraciones del presidente del Estado
rehusándose a solicitar ayuda internacional a través de la declaración de zona
de desastre ambiental. Hoy, más de 500 especies de fauna y 50 especies de
flora, propias de dicho bosque, se encuentran en severo peligro siendo, al igual
que la Amazonía, bienes públicos globales.

El D.S. 3973 intenta justificarse argumentando el aumento de la población y sus
índices de consumo, y la consecuente ampliación de la frontera agropecuaria
para incrementar la producción. Estos argumentos divergen con la descripción
técnica brindada por el Plan de Uso de Suelos de Santa Cruz que caracteriza al
bosque seco chiquitano como tierra de uso restringido o de uso forestal, por ser
poco apto para para el uso agropecuario debido a sus características propias. En
este sentido, la autorización de chaqueos en el sureste de la provincia Chiquitos
y en la provincia Germán Busch carece de fundamento.

En general, el decreto en cuestión, las políticas públicas sobre la producción
agropecuaria, y la desatención de las autoridades públicas, demuestran que la
vanguardia del ordenamiento jurídico respecto a la protección de derechos
queda enclaustrada en el papel en el que ha sido impreso. El Estado boliviano
ha demostrado la poca importancia que tiene la Madre Tierra al momento de
diseñar y aplicar políticas públicas, enfocándose en satisfacer intereses que van
en contra de la sostenibilidad de los recursos naturales, afectando no solo a las
y los bolivianos, sino al planeta en general. La crisis ambiental global a la que
nos enfrentamos, obliga a actuar de manera adecuada y oportuna ante este tipo
de desastres, porque el tiempo que queda es limitado, y el daño producido
afecta a todos. 

Es por esto que la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción
Social (UNITAS):

1. Censura la aprobación de medidas normativas y administrativas
atentatorias a los derechos de Madre Tierra y de la vida.
2. Considera que las autorizaciones de chaqueo en el Bosque Seco
Chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de flagrante negligencia
dadas las características específicas de ese tipo de bosque, y la
importancia del sistema de vida que contiene.
3. Reprocha la actitud indolente de las autoridades bolivianas, sean
oficialistas o de oposición, al no actuar de manera diligente para evitar,
contrarrestar, y frenar el desastre natural que hoy se vive.
4. Atribuye especial responsabilidad a la Autoridad de Bosques y Tierras
que, como instancia técnica especializada, debió rechazar las propuestas
de desmonte cercanas al Bosque Seco Chiquitano y proponer métodos
alternativos a la quema controlada.
5. Exige al Estado boliviano cumplir con su deber de garante de los
derechos medioambientales y de la Madre Tierra, para actuar de
manera óptima y oportuna, y así evitar la propagación del fuego y la
destrucción que ésta conlleva. Entre algunas de las medidas que se
deberían tomar, está la de declarar zona de desastre natural, para
activar el apoyo internacional.
6. Exhorta a las autoridades a garantizar políticas públicas adecuadas para
prohibir la deforestación mediante la quema controlada, y resguardar
las zonas forestales, áreas protegidas y parques nacionales ante el
crecimiento de la frontera agrícola.
7. Hace un llamado a la conciencia ciudadana para actuar en la prevención
y defensa del medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, y la
preservación de todas las formas de vida que son patrimonio de la
humanidad.

Bolivia, 22 de agosto de 2019

APROSAR, CASA DE LA MUJER, CEDLA, CENDA, CEJIS, CER-DET, CIAC, CIDEM, CIPCA
DNI – BOLIVIA, FUNDACIÓN ACLO, FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA, IICCA, INDICEP,
ISALP, KURMI, MUJERES EN ACCIÓN, PIO XII, PROMUTAR Y SEMTA.