CREAN POR LEY JUECES ESPECIALES Y NO CUMPLEN
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Asociación de Jueces: La mala política del Estado hace la mala imagen de la justicia

Presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap), Margot Pérez. Foto/Erbol

La presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap), Margot Pérez, analizó la situación de la justicia en el país y las causas de la mala imagen que tiene.

En entrevista con ERBOL, señaló que existen problemas como la falta de personal, las acefalías y la sobrecarga procesal, pero indicó que de manera estructural la situación de la justicia se explica por una mala política de orden estatal

Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico que realiza respecto a la justicia? Hay muchas críticas y personas que señalan que es un calvario.

Respuesta: La justicia por sí sola no está mal. El tema justicia es más una política de Estado. No vamos a hablar de infraestructura porque no estamos en un momento para pedir esa infraestructura, nuestro Estado económicamente no está bien y además con la pandemia ha agravado la situación, pero yo pienso que la justicia podría mejorar la cara ante la sociedad si el Estado le diera los insumos que requiere. Hablemos solamente del personal en cuanto a jueces, a nivel internacional, cada juez maneja hasta 200 casos, ese es un parámetro. En Bolivia cada juez sobrepasa la carga procesal de mil casos, añadido que los han llamado transitorios. Cuando estos jueces, en algún momento de la vida judicial, han ingresado por examen de méritos, han ingresado por exámenes que han dado. No hay ningún juez en el territorio nacional y menos en la ciudad de La Paz, que haya ingresado a dedo, que haya ingresado solamente por afecto personal que hayan tenido. Todos al presente han entrado por algún medio. Otra es la situación que ya han creado la Escuela de Jueces mediante el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Judicatura, que se llamaba el Instituto de la Judicatura y ahora es la Escuela de Juez y aun así no hemos llenado las acefalias que tendríamos y que todos sean llamados de carrera.

Entonces, estamos hablando primero del capital humano que tendríamos que tener. También se tiene muchas acefalías al interior del Órgano Judicial en relación a la suplencia. No se han logrado llenar hasta el día de hoy todas las suplencias. Eso hace que el juez tenga que trabajar de forma limitada con su juzgado de origen y el juzgado de suplencia. Y hace también que cause demora, no porque él quiera, sino porque le falta tiempo. Horas le falta en el día para que él pueda seguir cumpliendo sus funciones.

Un solo ejemplo te voy a dar de los muchos que tenemos. La localidad de Caranavi con el tribunal que teníamos, hay una jueza que ha fallecido por el COVID, otro denunciado y otro ha sido postulado para la ciudad de La Paz. Ese juzgado, ese tribunal ha quedado acéfalo por un buen tiempo. El Tribunal de la Paz ha tenido que designar a un tribunal de provincia para que se haga cargo y ha sido el tribunal de Copacabana. Imagínate, el tribunal de Copacabana tiene que ir a Caranavi y tiene cualquier cantidad de casos, hasta 50 detenidos tenían esa fecha para procesar, sin contar la otra carga procesal sin detenidos. El Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal ha estado más de cuatro años sin juez. Entonces todos los jueces cautelares han ido cumpliendo la rotación. El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de igual forma.

Y menos vamos a hablar de los juzgados de corrupción y violencia hacia la mujer. Otro problema que tenemos que se crea, se lanza una ley, se promulga la ley, se dice que se tiene que designar jueces especializados para esa ley, pero no se cumple con eso. Deberían de ser jueces anticorrupción solamente y contra la violencia hacia la mujer solamente, como los jueces de dominio y de pérdida de dominio. Hasta el día de hoy no se tiene y los jueces anticorrupción también son de violencia hacia la mujer.

Entonces ese tipo de malas políticas que han ido implementando han hecho que la mala imagen del Órgano Judicial vaya a reflejar la posición que tiene la gente en relación a la retardación de justicia. Pero esa retardación no es por el juez, sino por la forma del trabajo que se nos ha ido implementando a todos y causamos demora en los procesos.

P. De manera concreta. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico de la justicia?

R: La justicia para una imagen de afuera, no tenemos una muy buena imagen. Por más esfuerzos que hagamos al interior los operadores de justicia no vamos a lograr una buena imagen, mientras no haya esta percepción incluso de los medios de comunicación del trabajo que hacemos y es un trabajo arduo. Cuando terminas tu jornada laboral, el único que se va a sentir feliz de haber cumplido con su trabajo es el juez y la persona que le ha dado paz, porque los jueces dictamos varias sentencias y son pocos los que directamente reconocen esa labor. La mayor percepción que tenemos a nivel de afuera, es que la justicia no está bien vista, que dentro de la justicia hay mucha corrupción, dentro de la justicia hay mucha demora, hay retardación, los procesos no se pueden solucionar de manera rápida; pero si analizamos caso por caso en los procesos y vemos el trabajo de cada operador de justicia a nivel nacional, te vas a dar cuenta que toda esa mala percepción que tenemos afuera no es cierta. Con lo poco que tenemos y con lo poco que se nos ha dado, el trabajo se ha hecho de la forma más adecuada.

Ahora, en relación a la corrupción, se habla mucho de eso, pero nunca se ha podido identificar cuál sería el foco de corrupción, dónde estuviera ese foco de corrupción: si en los abogados que litigan, en los jueces que aparentemente piden, en el personal subalterno, en la gente que cree que pagando a los jueces va a sacar alguna resolución a favor de ellos. No se ha hecho un estudio. Lo único que se dice es que la justicia es corrupta a nivel a nivel general, se generaliza.

P. ¿Por qué cree que la gente tiene esa imagen de la justicia?

R. Es un algo estructural directamente. La mala política del Estado hace la mala imagen de la justicia. El incumplimiento a que existan más jueces a nivel nacional hace también la demora en los procesos. La mucha carga procesal a un solo operador de justicia también. La mala designación en relación a la tardía designación de los jueces también genera mala imagen. Entonces lo que tenemos que mejorar es las políticas en relación a la justicia. No se puede exigir a una persona que trabaje cuando no tiene todos los instrumentos. No estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de sueldos, no estamos hablando de nada de lo económico, sino estamos hablando de políticas del Estado que generen mejor imagen al Órgano Judicial y no son los jueces los que generan esa mala imagen, si no son las políticas del Estado que imprime en relación a la justicia.

P. Se hablaba mucho de la reforma judicial al inicio de este gobierno, ¿el país requiere una reforma judicial?

R. Con el actual Ministro de Justicia se ha empezado a hablar de la reforma judicial, pero ha querido empezar con la carrera judicial y todas las asociaciones hemos tenido reuniones con el viceministro de Justicia primero y después cada Tribunal con el Ministro de Justicia. Ahí se le ha hecho conocer que, para efectos de la carrera judicial, los jueces, el personal humano era el que se estaba tocando y se le ha hecho recuerdo que para implementar una buena carrera judicial tendría que ser integral y que nos atengamos a los parámetros internacionales y dentro de los mismos tenemos que ser evaluados antes de ser echados todos los jueces. Y eso paralizó la reforma, la carrera judicial, porque no había una idea que primaba, de que los jueces tengan que ser evaluados previamente, cuando si leemos la ley del Órgano Judicial, dice que antes de ser destituidos o convocados algún cargo, ellos tienen que ser evaluados no meritocráticamente, sino en la gestión del despacho. Eso no lo digo yo, lo dicen los parámetros internacionales, pero lo que ellos querían era que solamente se reconozca a los jueces que habían salido del Instituto de la Judicatura y de la Escuela de Jueces, pero el grueso de la población en jueces, más del 60 por ciento son esa gente que no ha salido de la escuela ni del instituto, pero no olvidemos que han sido también designados por el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Judicatura en su momento. Entonces ellos querían desconocer directamente esa forma de ingreso y hacer que se convoquen y ellos mismos que se postulen para poder acceder a esos cargos.

No se puede implementar una carrera judicial de la noche a la mañana. Se tiene que hacer con parámetros internacionales porque van a ser sino sujetos de demandas internacionales como hasta ahora lo son.

P. ¿Estas observaciones son los que obligan parar la reforma judicial?

R. El Ministro de Justicia nos dijo que va a hacer unas jornadas ya y que va a empezar en Pando y va a concluir en La Paz. Estamos esperando que las jornadas puedan ser efectivas para que todos los operadores de justicia puedan aportar con sus ideas. Cada distrito judicial es un mundo aparte, con diferentes condiciones. Entonces él, de manera muy intelectual ha definido que iba a ser así, pero no nos han convocado hasta ahora. Estamos hablando desde el inicio de su gestión del doctor Lima.

P. ¿Urge una reforma judicial? ¿Qué aspectos se deberían mejorar también?

R. Si vamos a querer entrar a una reforma integral, ya hablando de integralidad de la justicia, incluso se había hablado para la carrera judicial de una apertura de la Constitución Política del Estado en la forma de elección de las MAE (Máximas Autoridades) del Órgano Judicial, pero específicamente se corría el riesgo de querer aperturar la Constitución y querer tocar otros temas más. Más aún considerando que para aperturar nuestra Constitución necesitamos muchos procedimientos.

Necesitamos una reforma integral total, porque no solamente va por el factor humano, también va por la promulgación de leyes. La mayoría de la gente desconoce las leyes que se promulgan, y solamente ven en objetividad cuando el juez falla y ahí recién algunas veces se dan cuenta de que la ley había cambiado. Por ejemplo, el caso de la Ley 1173, que viene a ser la cuarta reforma del Código de Procedimiento Penal. Hoy cambiamos mucho el concepto de la detención preventiva. De repente tú vienes con un delito de estafa y el juez le da libertad, cuando en otro delito que en otro proceso que tú tenías le habían dado detención preventiva. Entonces no entiendes y tú calificas a ese juez como malo. Y

Entonces tenemos que ir también en cuanto a la formulación de leyes que tienen que participar los operadores de justicia, porque son ellos los que van a ejecutar. Y en la mayoría de los casos, por no decir el 100 por ciento, no participan, no han participado. Entonces a los que van a ejecutar la ley nunca los han convocado y si los han convocado alguna vez, los han convocado para la foto directamente, pero no para hacer sus propuestas. Y también en algún caso, si se los ha convocado y han propuesto, nunca han hecho caso de esas propuestas que han hecho.

P. ¿Ustedes como jueces sienten presión de parte del gobierno de turno al realizar su trabajo?

R. Es algo subjetivo, o sea, no apreciable materialmente decir el gobierno imprime una presión a al juez. También tenemos presiones sociales, no solamente políticas, porque hay algún caso que para la sociedad es de relevancia. Entonces la gente presiona al juez para alguna detención. Y algunas veces también se ha visto en la historia del Órgano Judicial que presionan al juez para la libertad, sabiendo que el hecho que ha cometido una persona es repugnable a la sociedad, pero aun así ellos piden la libertad de este ciudadano. Es algo subjetivo decir que el órgano político presiona al órgano judicial, cuando la gente nota o cree que por algún evento político los jueces detienen a la persona o dan libertad en ciertas situaciones.

Entonces es de acuerdo al criterio que tiene la persona, pero así no tuviera que haber una presión, porque se supone, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, somos órganos independientes, lo que sí nos hace un poco dependientes es en relación a la economía, porque no podemos generar nuestra economía propia en forma total para que nos auto paguemos o nos auto sustentamos nosotros. En ese caso ya seríamos independientes. El hecho de que nos tengan que cancelar sueldos ya ese irrumpir en nuestra independencia directamente, el hecho de que nos rebajen los sueldos también es interrumpir nuestra independencia judicial. Entonces, no solamente somos tan independientes como lo dice la Constitución Política del Estado, sino estos factores hacen que dependamos de otros órganos, como es el factor económico.

P. ¿Cómo se puede entender que en casos abiertos por terrorismo durante el gobierno de Jeanine Añez hubo órdenes de aprehensión, pero vuelve el MAS y se los libera y empiezan a realizar otras detenciones preventivas?

R. Si revisamos directamente la conducta de los jueces, ellos solamente tienen que cumplir con la Constitución Política del Estado y con las normas infra constitucionales que sería el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. No podrías seguir tú como juez un proceso cuando el Ministerio Público, órgano persecutor, desiste de la acusación. Entonces eso es lo que ha pasado y las acusaciones han quedado en nada y el juez solito no podía llevar el tribunal, entonces correspondía declarar la una sentencia absolutoria. La otra pregunta es que ¿cómo si se ha iniciado en el gobierno de la señora Añez procesos, por qué cuando entra el otro gobierno que sería el señor Arce, se dejan sin efecto? No nos olvidemos que los jueces también, como lo he dicho en el anterior caso, tenemos una ley de la amnistía. Ya es una facultad privativa del gobierno. Con ese decreto de amnistía, si tú aplicas como juez, seguro que vas a dar la amnistía o el indulto en algunos de esos casos, porque tenemos marcado el tiempo y qué tipo de delitos pueden ir. Entonces tú das cumplimiento. Afuera ya la imagen es que nos hemos puesto de acuerdo, o sea, hemos cambiado de camiseta, que primero estábamos con el gobierno transitorio y ahora estamos con el gobierno constitucional, pero eso no es cierto. Nosotros lo único que hacemos es dar cumplimiento a la ley que emana de los órganos competentes.

P. Hay casos como del juez Hugo Huacani, detenido tras haber fallado a favor de una allegada al exministro Juan Ramón Quintana y la jueza Ximena Mendizabal de Sucre, suspendida tras dejar en libertad a un miembro de la Juventud Cochala. Con estos casos, uno puede decir que los jueces actúen de acuerdo a lo que el gobierno de turno busca.

R. Por eso la mala imagen es creada por este tipo de actitudes, pero no de los jueces. El proceso del doctor Huacani  se ha seguido de cerca. Es más, hemos colaborado en la libertad del juez vía acción de libertad, porque no puede ser que se proceda a una detención por una denuncia y la Policía actúe sin control del Ministerio Público. Al juez también le ampara la Constitución Política del Estado y el debido proceso. En relación a la jueza del Sucre, se tiene que investida de Constitución, de juez de garantías constitucionales, ella ha considerado que no procedía. Es por eso que ha determinado. Lo que ha venido después ha hecho ver a la sociedad que el poder político puede manejar al Órgano Judicial, pero son acciones de afuera, no son acciones interiores. Eso es lo que crea la imagen en la sociedad de que al juez se lo puede manejar.

P. ¿Sienten que si juzgan en contra de las instituciones públicas, ustedes pueden tal vez ser procesados?

R. Siempre existe la leve sospecha de que nos pueden procesar, no solamente en los casos del Estado o por presión política, porque nosotros fallamos a favor de uno o del otro y siempre va a haber un sujeto perdidoso. Que nos puedan llevar al régimen disciplinario y sí que nos puedan llevar al Ministerio Público, es cierto también. Pero así materialmente nosotros en el momento de dictar la resolución, salvo casos aislados, no sentimos esa presión, sino más bien después de dictar el fallo. Dictamos el fallo y ahí recién vienen las presiones políticas y se ve porque hay denuncias injustificadas en el Ministerio Público, denuncias del régimen disciplinario, denuncias a transparencia del Órgano Judicial, pero posteriores al fallo que se dicta.

No solamente son presiones políticas, son presiones sociales también, pero que no involucra en la dictación de la resolución. El juez lo que va a ser al momento de dictar va a tener que tomar siempre en consideración la Constitución política del Estado. Un juez que va a dictar el fallo, así no le guste a la mayoría de la gente, se va a defender el mismo fallo y se va a defender solo. Va a causar un poco de molestia al operador de justicia el tener que defenderse en diferentes instancias del Estado, pero lo va a lograr porque lo que ha primado en esa resolución es solamente su conciencia, nada más.