La Procuraduría General del Estado informó que la cartera de Bolivia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos suma 119 casos, de presuntas vulneraciones que se encuentran en diferentes etapas de proceso.

De esa cifra, 108 corresponden a casos que se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría (72) se encuentra en etapa de admisibilidad, mientras que 25 pasaron a etapa de fondo y resto está en medidas cautelares o en solución amistosa.

El procurador César Siles explicó que la intención del Estado es que se acumulen los casos similares, para lo cual se han identificado 48 con el objeto de priorizarlos.

Por ejemplo, se tienen 17 peticiones de exjueces transitorios, quienes demandaron al Estado por su destitución que se decidió bajo el argumento de que son transitorios.

También, dentro de la cartera boliviana, se tienen siete casos de personas que fueron procesadas en el caso terrorismo-separatismo, pero que ahora reclaman la vulneración de sus derechos ante el Sistema Interamericano.

Siles detalló que uno de esos siete casos ya tiene informe de fondo y podría pasar a la Corte Interamericana, mientras que los otros seis están en la CIDH.

Se tiene también cuatro casos de presuntas vulneraciones de derechos en la crisis de 2019, además de cuatro sobre la reelección indefinida.

El procurador detalló que los casos sobre la reelección indefinida cuestionan la sentencia 084/2017, la cual habilitaba esa figura. Sin embargo, la posición del Estado boliviano será dar el asunto como solucionado con la sentencia 1010/2023 la cual en su parte considerativa señala que no se puede ejercer la presidencia más de dos veces de manera continua o discontinua.               

Resarcimientos 

Siles reiteró que, debido a otros casos con sentencia o solución amistosa, el Estado ha tenido que pagar indemnizaciones que suman casi tres millones de dólares por vulneraciones de derechos humanos.

Reiteró la necesidad de que la Asamblea apruebe la ley de repetición, para que se pueda cobrar ese monto a las personas responsables de las vulneraciones de derechos.