Comunidad Ciudadana (CC) expresó su preocupación con la reposición del proyecto de Ley Nº 280 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, porque apunta a instalar una dictadura en Bolivia y confiscar bienes de las personas que sean condenadas, incluso en primera instancia.

El diputado Carlos Alarcón explicó que el presidente Luis Arce sacó del cajón el fracasado proyecto de ley de 2021 y volvió a mandar a la Asamblea Legislativa la propuesta para sancionar tipos penales de “terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes”.

Indicó que la redacción sobre el tipo de terrorismo, criminaliza la protesta social, como la actual marcha del magisterio, y los autores son sujetos a procesamiento a nivel del Ministerio Público bajo el fundamento que dicha protesta significa intimidación a la población.

Precisó que, si la marcha de protesta restringe la circulación en vías públicas es considerada como terrorismo y posiblemente sancionado con 20 a 25 años de cárcel, y decomiso y confiscación de los bienes de las personas condenadas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

En relación al tipo penal de ganancias ilícitas, manifestó que además de los delitos conexos como el narcotráfico, organización criminal y corrupción, se amplía como delito principal, cualquier delito relativo a temas tributarios, actividades medio ambientales, actividades mineras ilícitas, compra-venta ilegal de minerales que serán sancionados de 15 a 20 años de privación de libertad.

Agregó que este tipo penal también considera el decomiso de bienes de los autores con la simple condena de primera instancia.

Manifestó que ambas intenciones colisionan con la Constitución Política del Estado que dispone que nadie pude ser penalmente sancionado sino existe una sentencia ejecutoriada; pero en el caso del proyecto de Ley 280 se habla de decomiso o confiscación de bienes a sola sentencia inicial.

En relación al financiamiento al terrorismo, dijo que, de aprobarse el proyecto de ley, se puede cancelar la personalidad de las empresas por el solo hecho de tener algún vinculo con el grupo que protagoniza alguna protesta, independientemente, si la empresa es o no sometida a juicio.

Advirtió que con este tipo penal se va a paralizar la actividad civil, comercial, económica y todos los bolivianos deberán andar con “el testamento bajo el brazo” como en tiempos de la dictadura de Luis García Meza.

El proyecto de ley ya está en manos de la Comisión de Constitución, pero no pudo ser tratada, porque la agenda se cruzó con el proyecto de Ley del Oro a nivel de la Cámara de Diputados.

Estiman que el proyecto de Ley 280 sería considerado la próxima semana, por lo que Comunidad Ciudadana lanzó la voz de alerta para que la población esté informada.