El Comité pro Santa Cruz, mediante un comunicado, denunció ante la comunidad internacional que en Bolivia el Gobierno ha instaurado un "régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica".

Según los cívicos, este régimen se implementa mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión.

Además acusó al Gobierno de Luis Arce de manipular y tener sometido al Ministerio Público, a la Policía y a los tribunales de justicia.

El comunicado surge después de las jornadas de protesta y enfrentamiento con la Policía, que se registraron en Santa Cruz después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho. 

En el marco de los disturbios, se quemaron entidades públicas y se capturó a decenas de personas. Los cívicos acusan a la Policía de excesos en la represión, mientras que el Gobierno sindica a grupos paraestatales por generar la violencia.