La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) hizo conocer al gobierno una agenda de trabajo para facilitar la reactivación, tomando en cuenta que se interrelaciona con 17 sectores económicos y genera más de 500 mil empleos directos y 1 millón indirectos en toda la cadena productiva.

Explica que el sector se encuentra en la recesión más fuerte de los últimos años, situación aún más complicada por la pandemia del COVID-19, habiéndose perdido 289.000 fuentes de empleo directos, de los 500.000 empleos que se contaban hasta el 2019, sin considerar la afectación a los empleos indirectos.

Ante la etapa crítica el sector plantea al gobierno considerar que la obra pública debe ser técnica y no política, además de que debe ser una política de Estado constante y continúa, de tal manera de lograr la gobernabilidad de la construcción, debiendo el sector privado dedicarse a la producción, a la generación de empleo y desarrollo.

Sin embargo, sostiene que para alcanzar ese objetivo se requiere el acercamiento con las autoridades del nuevo gobierno, con la finalidad de establecer una estrategia para la reactivación del sector de la construcción.

En lo económico, plantea fortalecer, el pago de obligaciones por proyectos concluidos y en ejecución; prever recursos para la reactivación a través de la contratación de empresas bolivianas. En lo legal, desarrollar, una nueva norma de contrataciones de obras públicas, que permita tener un proceso de licitación y ejecución, con transparencia, seguridad jurídica, eficiencia y oportunidad.

En el plano laboral, sugieren implementar un diálogo franco entre el gobierno central, sector laboral y empresa privada para delinear la relación y la norma de manera consensuada, con el objetivo de generar mayor y mejor calidad de empleo.   

Consideran importante consensuar la forma de cancelación del aguinaldo 2020, tomando en cuenta las dificultades económicas del sector de la construcción, según un comunicado difundido este fin de semana.

Proponen que para efectos da otorgar liquidez que las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central y las entidades territoriales autónomas “por obligación y responsabilidad deberán incluir en sus POAS de 2021 los adeudos a los constructores y presupuestos devengados”, y que con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se pueda acordar el pago de obligaciones impositivas, dada la crisis y falta de liquidez de las empresas, debido al impago de las planillas de ejecución de obras.