DENUNCIA “CACERÍA POLÍTICA”
Título: 

Creemos exige al gobierno parar persecución y detenciones ilegales de líderes cívicos

Imagen ilustrativa tomada de internet

La alianza opositora Creemos emitió este sábado un comunicado por el que exige al gobierno nacional detener la persecución judicial y las detenciones ilegales contra líderes cívicos del país y afirma que solo los regímenes autoritarios confunden el disenso político con el golpismo y desestabilización.

Ratifican su apego al disenso democrático en estricto apego a las leyes vigentes, respetando derechos y garantías constitucionales, por lo que -advierten- mientras esta situación no sea reestablecida, se mantendrá en estado de emergencia y hacen responsable al gobierno nacional de las aprehensiones ilegales y secuestros judiciales.

Creemos denuncia que el Movimiento al Socialismo ha iniciado una “cacería política” contra líderes cívicos de las regiones de Tarija, Chuquisaca, Puerto Suárez y Riberalta, con el objetivo de criminalizar el derecho a la protesta. Protesta ante la comunidad nacional e internacional por la manipulación del Ministerio Público y del Órgano Judicial sometido al gobierno nacional.

Afirman que el líder cívico Rómulo Calvo fue víctima de un intento de aprehensión en horas de la madrugada de este viernes 26 de noviembre, obviando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La alianza recuerda que el dirigente cívico de Riberalta en Beni Katriel Müller también fue aprehendido sin el debido proceso por los bloqueos contra la Ley 1386 y hoy enfrenta cargos de sedición, conspiración y asociación delictuosa.

Rechazan el doble discurso del gobierno que por un lado apoya la marcha por la patria y la democracia y, por otro, “manipula y quebranta principios básicos de la democracia y el Estado de derecho persiguiendo y reprimiendo a ciudadanos bolivianos”.

Exhorta a los operadores judiciales abandonar el servilismo, retornando a la independencia y la separación de poderes del Estado y al mismo tiempo expresa su apoyo a otros dirigentes sindicales y gremiales que apoyaron el paro de nueve días y se sienten amenazados por leyes inconstitucionales.