La Defensoría del Pueblo informó este domingo que la semana pasada recibió denuncias contra la Clínica Grumedso de Santa Cruz, Hospital Nuestra Señora de La Paz y Hospital Metodista de La Paz y Hospital Agramont de El Alto por cobros excesivos y maltrato a pacientes con Covid-19, lo que considera “un atentado al derecho a la salud”.

El caso más oneroso corresponde a la Clínica Grumedso de Santa Cruz que extendió una factura de 127.445 bolivianos, por 22 días de internación de la señora DBM, quien solo recibió atención médica que no incluye servicio de terapia intensiva. A esa cantidad de dinero, se sumó otro monto similar por el auxilio del esposo GMP, ambos fallecidos por COVID-19, explica en una nota de prensa.

Agrega que los familiares manifestaron su sorpresa por los “costos demasiado altos que no guardan relación con los precios de otras farmacias”. Ellos informaron a la Defensoría, que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos porque no contaban con recursos para cubrir la deuda.

HOSPITALES EN LA PAZ Y EL ALTO

Detalla también que la segunda queja sobre cobros elevados implica al Hospital Nuestra Señora de La Paz que extendió una factura por 78.500 bolivianos por la atención de un hombre de 58 años de edad, JAB, que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo, sino solo hasta la intervención de la Defensoría porque no habían terminado de cancelar, pues sólo habían pagado 40.000 bolivianos, 15.000 como adelanto de internación y posteriormente otros 25.000, y que no tenían recursos para completar el monto total.

En el Hospital Metodista se presentó una figura similar, donde emitieron una factura de 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años de edad (RCQ) y otro de 53 años (MCQ), ambos afectados con la COVID-19.

Los parientes contaron que el administrador del Hospital Metodista les dijo que deberían cancelar 20.000 bolivianos antes de internar a ambos en terapia intensiva. Debido a los costos elevados optaron por retirarlos de ese centro, pero cuando quisieron hacerlo el gerente les dijo que igual debían pagar 20.000 bolivianos por las cuatro horas de atención. Relataron que lograron reunir 10.000 bolivianos para sacarlos de ese establecimiento, según dice la Defensoría.

En la ciudad de El Alto, el Hospital Agramont dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.

La Defensoría considera que se debe iniciar de forma inmediata el control y la fiscalización sobre los cobros en clínicas privadas, así como el costo de medicamentos en el marco de lo que dispone la Ley de Emergencia Sanitaria.

En todo caso, como institución habilitó la línea gratuita 800-10-8004, la línea de WhatsApp 72006607 y la página web para recibir quejas de la ciudadanía por atenciones médicas en tiempos de la pandemia.