En un examen sobre los procesos judiciales que siguieron a los hechos luctuosos del 2019, como los casos Senkata y Sacaba, la Defensoría del Pueblo concluyó que el Estado ha incumplido su obligación de sancionar a los responsables y existe riesgo de impunidad.

“… el Estado boliviano incumple su deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto poselectoral de 2019”, dice el informe difundido este miércoles a seis años de los hechos.

Según la Defensoría, con ese incumplimiento el Estado boliviano puede ser pasible a responsabilidad internacional, debido a las vulneraciones a la Carta Americana de Derechos Humanos.

Como parte del incumplimiento en los casos Senkata y Sacaba, la entidad defensorial alerta que “existieron omisiones, dilaciones e inacciones institucionales que generan un riesgo de impunidad de las graves violaciones a derechos humanos ocurridos el 2019”.

Este año los procesos ordinarios por las muertes en Senkata y Sacaba fueron anulados, luego de que la Justicia estableció que Jeanine Añez debía ser procesada en juicio de responsabilidades y no así la vía penal.   

Entre otros casos devenidos de la crisis de 2019, la Defensoría observó que siguen impunes las muertes de Montero.

Asimismo, sobre las quemas de los domicilios de Waldo Albarracín Sánchez y Casimira Lema, se registró que el primer caso iba en juicio oral, sin que se hubiera emitido una sentencia firme hasta septiembre, mientras que del segundo se emitió una resolución de rechazo.

Respecto a la quema de buses Puma Katari, el informe señala que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero observó que es el proceso “con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos procesales”.

Recomendaciones

La Defensoría recomendó iniciar procesos disciplinarios contra los fiscales de los casos Senkata y Sacaba, por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales al no haber ejercido de manera efectiva la dirección funcional de la investigación.

También recomendó iniciar procesos disciplinarios contra los jueces de los mismos casos, ante la falta de control jurisdiccional efectivo sobre los requerimientos fiscales y las vulneraciones al debido proceso.

Asimismo, sugirió al Fiscal General iniciar de manera inmediata las acciones necesarias para la presentación formal de la proposición acusatoria dentro del juicio de responsabilidades por Senkata y Sacaba, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

También existen recomendaciones a otras instancias del Estado, entre las cuales destaca implementar acciones de satisfacción simbólica y garantías de no repetición, incluyendo el inicio de la construcción de las Casas de la Memoria comprometidas; disculpas públicas institucionales a todas las víctimas sin excepción, así como la institucionalización del “Mes de la Memoria, Verdad y Justicia”.