El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, fue aprehendido la noche del viernes y puesto a disposición de una comisión de fiscales que investiga su presunta participación en los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio de este año.

Según antecedentes del caso, el dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, previstos en el Código Penal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Quispe habría participado en las movilizaciones iniciadas el 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro indefinido, conflicto que se intensificó desde el 5 de mayo en el departamento de La Paz.

La Fiscalía sostiene que, en su condición de secretario ejecutivo de la CSUTCB, convocó a ampliados y cabildos sindicales, además de realizar declaraciones públicas relacionadas con las medidas de presión.

Con esos elementos, la comisión de fiscales emitió un mandamiento fundamentado de aprehensión, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

La orden fue ejecutada la noche del viernes y Quispe permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de que el Ministerio Público presente la imputación formal y solicite las medidas cautelares correspondientes.

El proceso está bajo control jurisdiccional del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, dentro de una investigación impulsada por el Ministerio de Gobierno contra Quispe y otras personas por la presunta organización y ejecución de los bloqueos de caminos.

La aprehensión de David Quispe se produce en el marco de una investigación de mayor alcance que desarrolla la Fiscalía de La Paz por los bloqueos registrados entre mayo y junio.

El fiscal departamental Luis Carlos Torrez informó hace pocos días que actualmente existen 114 procesos penales abiertos, en los que 335 personas figuran como investigadas por distintos hechos vinculados al conflicto.

De ese total, 75 investigaciones fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público y 26 personas cumplen detención preventiva, mientras continúan las diligencias para identificar responsabilidades penales.

Las cifras oficiales superan las estimaciones difundidas previamente por algunos dirigentes campesinos, quienes habían señalado que alrededor de 250 afiliados eran objeto de persecución judicial y, por ese motivo, declararon a sus organizaciones en estado de emergencia.

El Ministerio Público también confirmó que las investigaciones continúan y no descarta nuevas actuaciones.

En ese marco, el fiscal Torrez precisó que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no cuenta con una orden de aprehensión dentro de estos procesos, aunque recordó que existe un mandamiento pendiente correspondiente a una causa anterior.