El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este domingo que en poco más de un mes esa cartera de Estado recibió 340 nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a al menos 60 entidades públicas, siendo el sector de hidrocarburos el que concentra la mayor cantidad de casos.

En entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, García explicó que el volumen de denuncias evidencia que la corrupción estuvo institucionalizada en distintos niveles del Estado, generando prácticas de prebendalismo y enriquecimiento ilícito que ahora serán investigadas de manera gradual y ordenada.

Precisó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) figuran entre las entidades con más denuncias, y citó el caso de un exdirector de contrataciones de una empresa estatal que, en un lapso de tres años, incrementó su patrimonio en aproximadamente 15 millones de bolivianos. Indicó que varios de sus bienes y vehículos ya cuentan con anotación preventiva.

En el caso de la ANH, dijo que se ha reportado no solamente múltiples denuncias, sino también “ya tenemos indicios de enriquecimiento de exdirectivos de la ANH”.

Otra de las instituciones con un número significativo de denuncias es la Caja Nacional de Salud, además de entidades bajo tuición de los ministerios de Economía y Defensa, así como gobiernos subnacionales, donde se reportaron presuntos cobros irregulares y extorsiones en algunos municipios.

García señaló que actualmente se realiza un proceso de categorización de las denuncias para priorizar la atención de los casos según la cantidad y gravedad, con el objetivo de concentrar los esfuerzos investigativos en las entidades con mayores indicios de irregularidades.

Aclaró que, una vez se cuente con resultados preliminares, se activarán los procesos penales correspondientes contra los responsables, remarcando que se trata de investigaciones judiciales y administrativas por daño económico verificable, y no de persecución política.

Finalmente, informó que la Comisión de la Verdad que investiga el caso Botrading amplió su trabajo con un rastreo de inteligencia financiera para identificar a los funcionarios involucrados y determinar el destino de los recursos públicos. Aseguró que el objetivo no solo es sancionar a los responsables, sino también recuperar los bienes en favor del Estado.