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Evo, Ortiz y Hurtado elevan polémica sobre la propiedad de cinco empresas

Marcelo Hurtado, Oscar Ortiz y Evo Morales, sigue la polémica. Foto/tomadas de internet

¿Quiénes son los verdaderos dueños de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida? La polémica creció este fin de semana, luego que el presidente Evo Morales negara relación alguna y el senador Oscar Ortiz que investiga el caso le preguntara: ¿Sabía usted que los ejecutivos de dichas empresas reportaban su gestión al expresidente García Linera?

Al ruedo ingresó el presidente del directorio de ATB Marcelo Hurtado Sandoval, tras ser aludido por el senador Ortiz como el representante legal de ese conglomerado de empresas que, según sus investigaciones, estarían vinculadas a los exmandatarios que ahora buscan refugio político en la Argentina.

“Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso”, escribió este domingo Morales en su cuenta de twitter.

Ortiz le respondió que “obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos”. El senador habló que en toda esta relación hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, el empresario favorito del MAS, cuyo representante legal en todas las empresas sería Hurtado.

A través de un comunicado difundido en el portal de la red ATB, Hurtado negó ser representante legal de Carlos Gil y de sus operaciones e inversiones en el país, así como tener alguna relación Álvaro García Linera y Evo Morales.

También niega ser dueño o representante legal de Gravetal, La Razón y PAT,  pero admite que es uno de los socios de ATB y dueño del 40% de las acciones de la empresa de seguros Provida, aunque en ninguno de los dos casos aclara desde cuándo es dueño y en cuánto compró el paquete accionario.

Ortiz anunció que profundizará su investigación a través de la ASFI, Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), entidades que cuando estaban bajo el poder de Evo Morales hacían imposible una investigación o la entrega de información sobre el paquete accionario.

En relación al supuesto mecanismo de presión vía judicial para hacerse dueño de Provida, Hurtado afirma que los otros socios Fernando Arce y Carlos Granchant Salazar fueron denunciados por estafa al no cumplir con la obligación de emitir nuevas acciones que correspondían a inversores que aportaron capital para salvarla de la quiebra real. Si fueron detenidos en el penal de San Pedro, fue por un proceso totalmente ajeno a la aseguradora, aclaró.

Lamentó que los afectados traten de aprovechar esta coyuntura para lograr beneficios personales a costa de empresas legalmente establecidas, poniendo en riesgo cientos de fuentes laborales, la seguridad jurídica y la credibilidad de la institucionalidad empresarial.

Ortiz sostuvo que el fiscal Samuel Lima  emitió una orden de aprehensión contra Hurtado por la denuncia de un particular sobre posible legitimación de ganancias ilícitas en PAT. Sin embargo el empresario aseguró que se encuentra desarrollando sus actividades de forma normal en el país y expresó su confianza en que la independencia de poderes, garantice el debido proceso.