La Fiscalía de La Paz procedió este jueves al secuestro de dos proyectos de ley de Fiscalización y Concesiones Municipales que se encontraban en mesa del Concejo Municipal para su publicación de oficio, ante la negativa del alcalde Iván Arias y de la presidenta edil, Yelka Maric para ponerlas en vigencia.

Una de las cartas que jugó el alcalde Arias para evitar su publicación, fue activar una denuncia por una supuesta usurpación de funciones contra el vicepresidente Javier Escalier y el secretario accidental Pierre Chain por haber promulgado ambas leyes.

Lo extraño de este proceso es que la fiscalía admitió la denuncia de Arias sin que las víctimas, en este caso Yelka Maric y Oscar Sogliano, se enteraran del proceso, menos haber autorizado que el Ejecutivo Municipal asuma el rol de defensor del Concejo Municipal.

También resulta rara la celeridad con que la fiscalía manejó esta denuncia del Ejecutivo Municipal, a diferencia de otras denuncias en contra del alcalde que no tiene similar tratamiento, según dijeron hoy concejales de la oposición.

Ambas leyes deberían ser publicadas hoy en la Gaceta Municipal por el Concejo Municipal, en virtud a que la semana pasada la mayoría aprobó una resolución para cumplir ese acto administrativo ante la anunciada negativa del Ejecutivo.

Tras cumplirse el operativo de la Fiscalía, el concejal Escalier denunció que Arias está utilizando todas las maniobras habidas y por haber para amedrentar al Concejo porque el secuestro de leyes es algo nunca visto en la historia municipal de Bolivia y del mundo, indicó.

“La fiscalía ha venido y se ha llevado todos los documentos porque la fiscal ha dicho que está en etapa de investigación”, declaró Sogliano, a tiempo de explicar que hubo un requerimiento fiscal con orden de secuestro.

Sostuvo que la fiscalía no tiene nada que ver con la legalidad o no de una normativa, eso lo hace el Tribunal Constitucional, además que los concejales tenían que publicarlas porque el alcalde no quiso hacerlo y por ello interpuso una denuncia.

El concejal Pierre Chain lamentó el accionar del Ministerio Público porque en lugar de coadyuvar a la transparencia, está obstaculizando la vigencia de la Ley de Fiscalización destinada al control de los recursos económicos y de la Ley de Concesiones que evita el manejo discrecional del Ejecutivo para que a través de decretos municipales se concedan servicios por 30 o 40 años.

Sospecha que el Ejecutivo Municipal se propuso sabotear la vigencia de ambas leyes ante la próxima licitación del tratamiento de la basura que prevé un manejo millonario a largo plazo y la concesión de algunos servicios municipales a empresarios privados muy ligados al entorno del alcalde Arias.