El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó este viernes que el departamento retiene apenas el 4% de los impuestos nacionales que genera y sostuvo que una redistribución equitativa de esos recursos, bajo un esquema "50/50", constituye la única solución estructural para fortalecer la capacidad de gestión de las regiones.

A través de una publicación en sus redes sociales, la autoridad señaló que el Presupuesto General del Estado ronda los Bs300.000 millones anuales, mientras que el presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz asciende a Bs2.200 millones, de los cuales aseguró que el 97% corresponde a regalías.

Añadió que el monto de libre disponibilidad para la administración departamental alcanza aproximadamente Bs700 millones por año. Indicó que esos recursos son los únicos sobre los que la Gobernación tiene autonomía para financiar proyectos, inversiones y servicios.

En contraste, afirmó que Santa Cruz aporta alrededor del 38% de los impuestos nacionales, equivalentes a unos Bs17.000 millones anuales. Según sus cálculos, los Bs700 millones de libre disponibilidad representan apenas el 4% de los tributos generados en el departamento.

"Uno de los departamentos que sostiene la economía boliviana, que más produce, que exporta y que alimenta al país, retiene en su territorio apenas el 4% de los impuestos que genera", sostuvo.

El gobernador atribuyó esa situación al modelo de administración centralizada de los recursos públicos y aseguró que el 96% restante de los impuestos es administrado por el nivel central del Estado.

A su juicio, esa estructura explica las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Gobernación para ejecutar proyectos y atender las necesidades del departamento.

En ese contexto, Velasco defendió la propuesta de distribución "50/50", argumentando que permitiría que una mayor proporción de los recursos generados permanezca en las regiones, otorgándoles mayor capacidad para resolver sus problemas de manera autónoma.

Asimismo, afirmó que la implementación de ese mecanismo no requeriría una reforma constitucional, sino una decisión política para modificar el esquema de distribución de los recursos fiscales.

Anteriormente, el goberandor ya ha planteado mecanismos de redistribución de recursos, como la sugerencia de coparticipar el Impuesto a las Transacciones con las regiones.