Como “ley maldita”, así calificó el gobernador de La Paz, Santos Quispe, a la norma que hace referencia a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo  y se sumó al pedido de su abrogación.

“Esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno, pero no beneficia al pueblo. Esta ley ya podía consultar a la población, podría traer a todos los dirigentes, conversar, analizar, pero nada; esa ley solo se ha analizado por el Gobierno por eso el rechazo y nosotros también vamos a querer la anulación de la ley”, afirmó consultado al respecto.

Diferentes sectores como los gremiales quienes cumplieron la pasada un paro de 24 horas y advirtieron otro para este jueves y viernes acompañado de marchas de protestas para demandar la abrogación de la Ley 1386.

“Nosotros queremos la anulación de esa ley porque perjudica a todos los hermanos y hermanas que trabajan cada día, los paceños trabajamos, nos sacrificamos con lo cual toda la población siempre  va a estar en contra de esa ley”, sostuvo Quispe.

Desde el Gobierno, vieron que existe “confusión” en los sectores que anuncian movilizaciones y aseguraron que la norma solo es de coordinación interinstitucional y no establece ningún tipo de sanción a ninguna persona.