El Gobierno Municipal de La Paz reveló que el edificio del Mall Gran Vía, incendiado la noche del lunes, se estaba construyendo son autorización, tiene en su contra 11 procesos de fiscalización, arrastra una multa de 2 millones de bolivianos y ahora no se descarta su demolición.

“Este predio no cuenta con la autorización respectiva. Ha sido emplazado en más de 12 pisos, desde la gestión 2016 ha sufrido 11 procesos administrativos de fiscalización, de los cuales nueve corresponden a la anterior gestión edil y dos a la de nosotros”, indicó el subalcalde Centro, Jimmy Osorio.

Explicó que entre los nueve procesos de la anterior gestión municipal, se tenía dos órdenes de demolición, que no fueron ejecutadas.

Osorio detalló que la primera orden de demolición no se pudo llevar a cabo porque al tratarse de un predio privado, se requería orden de allanamiento. En el segundo caso, no se pudo concretar porque la orden era demoler un determinado piso, pero ya se habían construido otros encima.

Según Osorio, el propietario del edificio se acogió a la Ley 447 para transformar sus sanciones de demolición en multas pecuniarias, pero  a la fecha no hizo seguimiento ni ha concluido ese proceso.

Detalló que se tiene una sanción pecuniaria de más de dos millones de bolivianos, y que su cobro ya está siendo activado a través de procesos coactivos.

En el marco de la actual administración municipal, el Subalcalde indicó que desde 2021 se tiene dos procesos: el primero por construcción sin autorización y el otro por daño a patrimonio de la vía férrea.

Señaló que estos procesos están en curso y se espera que concluyan para definir las sanciones.

“Nosotros hemos emitido ya las órdenes de paralización respectiva, sin embargo por una restricción de ingreso a predios privados no podemos ingresar en este momento”, acotó.

Aclaró que aún el propietario puede acogerse a la norma vigente para la regularización de construcciones.  

Respecto a una posible demolición, Osorio indicó que dependerá de las sanciones que se determinen o el daño estructural que tenga el edificio tras el incendio.

“Tenemos dos procesos en curso y vamos a esperar a concluir estos procesos y esperar qué es lo que corresponde en tales casos, sin embargo dependiendo del informe del daño estructural que haya sufrido el predio también estamos esperando el informe de la de la unidad de bomberos y de la Policía, para que nos indique si ha sido o ha sido muy dañado y nosotros poder iniciar el proceso de demolición”, agregó.

Propietario se defiende

El propietario Eynar Vizcarra aseveró que la construcción comenzó en 2014, junto a la presidenta del Concejo Municipal de entonces. Afirmó que por ocho meses tramitó el informe para una obra oficial, por lo cual no puede decir que no hizo caso a las autoridades.

“Hemos tramitado, hemos cumplido”, dijo a tiempo de señalar que en 2018 se ratificó el informe de 2014. Pidió aclarar las cosas, porque se perjudica a más de 100 asociados, que pusieron su capital y que soportaron el rezago de la pandemia.