La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena advirtió que las leyes contra ganancias ilícitas y de estadísticas oficiales otorgan al gobierno todos los poderes para meterse a la vida de las personas, mientras el senador del MAS Félix Ajpi afirmó que no existe perversidad en ambas leyes y que responden al mandato del 55.10% de los bolivianos que votaron en las recientes elecciones generales.

Requena explicó que ambas leyes facultan al gobierno a acceder a datos de información personal, sin asumir ninguna responsabilidad, si es que los funcionarios cometieran algún abuso, peor aún si por el nuevo estatuto del MAS, todos los servidores públicos deben ser militantes del partido de gobierno.

“Estamos yendo hacia un Estado policial, capaz de aterrorizar a la gente para que nadie se atreva a molestar al poder de turno y eso, obviamente, va a destruir las bases democráticas y estas dos leyes van al mismo punto”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

La senadora pidió a la ciudadanía leer ambas leyes para comprender que estamos camino hacia la exUnión Soviética donde podían entrarse a la vida privada de las personas sin ningún tipo de recaudo. En el caso boliviano, utilizando la Ley contra ganancias ilícitas y la Ley de Estadísticas Oficiales que otorga poderes al INE para solicitar información bajo amenaza de aplicarse sanciones y multas en caso de incumplimiento.

Durante la sesión que aprobó la Ley de Estadísticas, el senador Ajpi afirmó que esa disposición no atenta a ningún derecho ni sale de los marcos que dispone la Constitución Política del Estado.

“De qué perversidad estamos hablando, nadie puede hacer una ley con perversidad mental y nosotros hacemos leyes para nuestro sector que representa el 55.10% de los bolivianos que apoyaron al gobierno y pidieron que haya este tipo de normativas”, manifestó.

“Por qué tener miedo a sincerar de todo lo que podemos tener. Si tenemos que tener cuentas en el extranjero, tienen que ser limpias”, afirmó el legislador masista en referencia a la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas que está pendiente de tratamiento en el pleno de la Cámara Alta.