La senadora Virginia Velasco Condori presentó recientemente ante un evento internacional el anteproyecto de Ley Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el cual incluye disposiciones importantes como la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud.

Velasco asistió en representación del Senado Nacional a la VIII Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que se llevó a cabo en Oslo, Noruega, entre el 10 y el 12 de abril.

La conferencia, basada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo principal capacitar a los parlamentarios para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos en sus respectivos países. Además, busca fomentar alianzas y cooperación entre legisladores de diversas naciones, así como con defensores de la salud y los derechos humanos.

El anteproyecto prevé regular los procedimientos de atención a víctimas de violencia sexual como un acto de atención prioritaria, sin la exigencia de ningún tipo de requisito. Además, establece la atención en los servicios de prueba de detección para ITS, hepatitis B, tratamiento preventivo de antirretrovirales VIH/Sida, la anticoncepción de emergencia, y la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud.

Precisa que, para acceder a la interrupción del embarazo, el único requisito, para todos los casos, será la firma del consentimiento informado por parte de la persona gestante, sin que el establecimiento de salud pueda exigir otro trámite, requisito, formalidad o procedimiento previo de ninguna naturaleza.

En los casos de interrupción legal del embarazo deberá, también, cumplirse lo siguiente: En los casos de riesgo para la vida y salud de la persona gestante o en casos de malformaciones congénitas letales incompatibles con la vida, se requerirá el informe médico. En caso de violación, estupro o incesto, se deberá seguir el protocolo de atención vigente.

En el caso de niñas, el hecho debe ser puesto en conocimiento de las autoridades por considerarse el embarazo resultado de una violación; tratándose de adolescentes que expresen haber sido víctimas de violencia sexual, obligatoriamente el o la responsable del establecimiento de salud debe comunicar el hecho a las autoridades competentes.

Dentro de las propuestas sobre prevención, sugiere la planificación y gestión pública y los servicios de salud sexual y salud reproductiva con las políticas de prevención y la atención integral multidisciplinaria. También regula las políticas públicas sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos respecto al nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas – ETA´s, en el marco de sus competencias.

Prevé políticas públicas en educación y salud integral para la sexualidad y la reproducción, a través del nivel central del Estado y la garantía en el diseño e implementación de tales políticas para la educación y salud integral de toda la población de manera amplia, laica e incluyente.

Regula el consentimiento previo, libre e informado en los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, sobre toda aquella persona que tiene derecho a decidir de manera autónoma a que se le realicen exámenes, pericias, entrevistas y todo tipo de procedimiento terapéutico, médico, o cualquier otro concerniente a sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

También el anteproyecto de ley plantea reglamentar el acceso a métodos anticonceptivos modernos en todos sus niveles a través de los servicios de salud públicos y de la seguridad social de corto plazo, proveerá y garantizará de manera gratuita y de forma oportuna, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, eficaces y asequibles, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia y métodos anticonceptivos definitivos, previa información, orientación y consejería.