Internacional
Observa delitos de incitación a la rebelión
Maduro decreta una purga entre militares opositores
Presidente venezolano. Foto/Internet

Sábado, 3 Marzo, 2018 - 17:40

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, degradó y expulsó de la Fuerza Armada a 24 oficiales opositores, la mayoría detenidos o exiliados. Maduro ordenó las medidas contra 11 militares activos y 13 en condición de retiro, acusándolos de intentar deponer al gobierno "por medios violentos", con "uso indebido y desproporcionado de armas de guerra", y otros delitos como incitación a la rebelión.

La decisión se dio a conocer el viernes y está contenida dentro de la Gaceta Oficial de Venezuela, con fecha del 28 de febrero, en la que se indican las sanciones contra 24 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación".

En el decreto se les acusa además de haber "creado estado de desequilibrio y zozobra, haber atentado contra la libertad y la independencia de la Nación, y haber hecho uso indebido, desmesurado y desproporcional de armas de guerra poniendo en peligro la independencia y soberanía de la Nación".

La lista incluye al capitán retirado Juan Carlos Caguaripano, detenido el 11 de agosto pasado, seis días después de comandar un asalto a una base militar del norte del país en el que murieron dos de sus compañeros. Según el gobierno, el oficial robó armamento de esa guarnición.

Caguaripano se declaró en "rebeldía" por la actuación de los cuerpos de seguridad frente a protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017. Ya lo había hecho durante manifestaciones que se saldaron con 43 fallecidos en 2014.

Entre los sancionados también figuran viejos aliados de Maduro y su fallecido antecesor Hugo Chávez, como Raúl Baduel o Herbert García Plaza. Baduel, exministro de Defensa de Chávez y hombre clave en su restitución tras el golpe de Estado que lo sacó del poder durante 48 horas en 2002, está preso por un supuesto complot contra Maduro.

Por su parte García Plaza, exministro del actual presidente, se encuentra en el exterior tras romper con él.

Los militares activos tenían grado de teniente, y ocho de ellos escaparon de la prisión castrense de Ramo Verde en noviembre pasado.

Maduro consideró a todos los sancionados "indignos de pertenecer" a la FANB y dispone que los retirados pierdan sus condecoraciones.

Para Rocío San Miguel, experta en temas militares, el gobernante presiona a la FANB en medio de la profunda crisis política y socioeconómica, justo cuando busca reelegirse hasta 2025 en los comicios del próximo 20 de mayo.

Estos decretos contra los militares opositores "resultan eficaces como medios para ejercer mayor coerción en la Fuerza Armada Nacional, a la vez que demostrar, por parte del jefe de Estado y comandante en jefe, frente a competidores, que tiene el poder sobre la FANB", escribió San Miguel en un artículo. La Fuerza Armada es considerada por analistas el principal sostén de Maduro, a quien el alto mando jura con frecuencia "lealtad incondicional".

En campaña

Maduro auguró ayer una participación abrumadora en las elecciones del 20 de mayo y dijo que serán una "lección" para países que las desconocen como Colombia, Estados Unidos y España.

"Tengo la certeza absoluta de que los números de participación electoral van a impresionar al mundo y van a ser una lección para los (Juan Manuel) Santos, los (Donald) Trump y los (Mariano) Rajoy", declaró Maduro tras firmar un acuerdo de garantías electorales con otros dos aspirantes.

Amenaza para la seguridad de EE.UU.

Estados Unidos prorrogó ayer viernes su declaración de "emergencia nacional" con respecto a Venezuela, por considerar que la situación generada por el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional y los intereses estadounidenses, informó la Casa Blanca.

La declaración de una "emergencia nacional", que permite a un mandatario estadounidense aplicar sanciones contra un país más allá de lo aprobado por el Congreso, fue emitida el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. Este decreto, cuya vigencia fue extendida en 2016 y 2017 por Obama, se basaba en la existencia de violaciones a los derechos humanos, reducción de la libertad de prensa, detenciones arbitrarias, persecución de opositores y una "exacerbada" corrupción gubernamental.

TOMADO DE EL MUNDO

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