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Un ampliado de campesinos y cocaleros de Yungas aprobó este lunes un pliego petitorio y dar un plazo de 20 días para que el Gobierno atienda sus demandas, o de lo contrario reactivará sus medidas de presión.
El ampliado reunió a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).
El primer punto del pliego pide la liberación de Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, quien consideran que en preso político.
El dirigente está en la cárcel de San Pedro desde finales de agosto de 2018, acusado de ser autor intelectual de la muerte de un policía en un enfrentamiento en La Asunta, sin embargo, su defensa asegura que no existe prueba en su contra.
En el punto 2 se exige respeto al fuero sindical, el tercero pide la abrogación de la Ley General de la Coca, que es rechazada por los yungueños debido a que legaliza la coca del Chapare.
Pretenden también que se realice un referendo sobre el tema de la Ley de la Coca.
En la reunión quemaron la Ley General de la Coca.
En el quinto punto de la resolución, los cocaleros expresaron su apoyo a los médicos en su lucha por un seguro universal técnicamente sostenible.
En sexto lugar, exigen el ensanchamiento de la carretera Unduavi-Chulumani; séptimo, solicitan el equipamiento de los hospitales de los Yungas.
Las organizaciones yungueñas están dando un plazo de 20 días al Gobierno, para que atienda su pliego petitorio, de lo contrario volverán a los bloqueos, marchas, huelgas y otras medidas de presión.
El dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, aseveró que los Yungas no se cansa de movilizarse y que, de ser necesario, lo hará hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, aclaró que los yungueños no están cerrados al diálogo.
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