Dan detención domiciliaria al alcalde Eduardo Mérida

La jueza María Teresa Apaza dictaminó el martes detención domiciliaria con derecho al trabajo, para el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida Balderrama, y una fianza de 80 mil bolivianos en los próximos 20 días, en reemplazo a su detención preventiva solicitada por los fiscales anticorrupción en un proceso de particulares contra esa autoridad, informó el concejal del Frente Para la Victoria (FPV), Antonio Montaño.

Dijo que esta es la segunda medida sustitutiva que recibe el alcalde, porque anteriormente por el tema del certificado de libreta militar, fue arraigado y obligado a pagar una fianza de 50 mil bolivianos.

Ahora fue llevado a una audiencia cautelar por los presuntos delitos de daño económico, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, al haber despedido el año pasado a madres, padres progenitores y dirigentes con fuero sindical. El resarcimiento civil fue cumplido pero falta responder al proceso penal.

Montaño dijo que el alcalde Mérida enfrenta varios 32 juicios particulares y cinco de parte del Concejo Municipal.  Estos últimos por irregularidades en la administración municipal. Lamentó que esa autoridad en lugar de atender sus procesos, toque puertas de gente ligada a los partidos de la oposición para buscar protección política y mostrarse como víctima.

El concejal fue elegido por el mismo partido que llegó Mérida al sillón municipal,  con una bancada de cinco concejales. Montaño dijo que “prefirieron abandonarlo” por la prepotencia y falta de voluntad para coordinar. “Por esto hoy no tiene ni un solo concejal que lo apoye”, manifestó.

La audiencia cautelar del martes determinó, también, vigilancia policial; arraigo para evitar viajes al interior o salir fuera del territorio nacional; prohibición de acercarse o ingresar a las reparticiones municipales con carga probatoria y tiene restricciones de comunicarse con los testigos o víctimas para no contaminar y obstaculizar el proceso judicial.

La jueza Apaza, la misma que atendió el caso del certificado especial  falsificado de la libreta de servicio miliar de Mérida, aclaró que el alcalde debe pagar a su custodio policial de día y noche, y en caso de querer firmar un documento en alguna de las secretarías o direcciones, debe delegar ese trabajo a sus funcionarios jerárquicos.

“La vulneración de estos derechos fueron denunciados al Ministerio de Trabajo y ante su negativa de restituirlos, los afectados interpusieron un recurso de amparo constitucional que fue procedente. El alcalde Mérida fue obligado a resarcir los daños civiles, quedando pendientes los delitos penales que fueron esclarecidos en la audiencia cautelar de este martes”, dijo el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga.

Mérida recibió este jueves el apoyo del alcalde de Cercado, José María Leyes, quien denunció un intento de “golpe municipal” promovido por el MAS. Aunque Mérida no pertenece al partido de Leyes, éste anunció que convocará a los parlamentarios demócratas para investigar la presiones del MAS a jueces y fiscales.    

El alcalde de Quillacollo anunció que dentro del plan desestabilizar, se prevé que el próximo 4 de julio se pida detención preventiva en una audiencia de medidas cautelares. La autoridad edil no descartó asumir una huelga de hambre para denunciar la injusticias promovidas desde el MAS.