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La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó hoy iniciar formalmente procesos con miras a juicios de responsabilidades contra la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Mirtha Camacho; el magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), Bernardo Huarachi y la consejera de la Magistratura, Cristina Mamani.
La información fue proporcionada a ERBOL por el diputado Juan Cala, secretario del Comité del Ministerio Público, dependiente de esta Comisión.
Este legislador indicó que este jueves se aprobaron tres informes, los cuales autorizan la “formalización de la instrucción de sumario”, que –según su explicación- es el “inicio para hacer el proceso de juicio de responsabilidades”.
Ahora, en todos los casos, el proceso pasará a control constitucional y luego el Comité tendrá tres meses para realizar una investigación más profunda.
Huarachi
El expresidente del TA, Bernardo Huarachi, fue denunciado por cuatro de sus colegas del Tribunal, por los delitos de desobediencia a las resoluciones, incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones, negativa o retardo de justicia.
El caso consiste en que Bernardo Huarachi se negó a dejar la presidencia del TA el año pasado, a pesar de que habían resoluciones para destituirlo y sus colegas ya habían elegido a su reemplazante.
Además, según la denuncia, Huarachi se negó a cumplir sus obligaciones como magistrado en el TA en la Sala Segunda, mientras se desarrollaba este conflicto.
Camacho
La magistrada del TCP, Mirtha Camacho, está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
De acuerdo al informe del Comité del Ministerio Público, Camacho se negó a ordenar el cumplimiento de una sentencia constitucional, lo cual fue denunciado por dos personas particulares.
El diputado Cala recordó que incluso se mandó a aprehender a esta magistrada, porque no se presentaba a declarar.
La exmagistrada Soraida Chanez también fue denunciada, pero al ser destituida ya no puede ser juzgada.
Mamani y Crespo
La expresidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y la vocal del Tribunal de Justicia de La Paz, Virginia Crespo, son procesadas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Ellas fueron denunciadas por Eloy Toledo, quien en 2012 fue designado juez en Ixiamas, pero no le posesionó porque tenía en su contra una denuncia. Para el Comité, esta determinación vulnera el principio de inocencia.
Mamani está implicada porque supuestamente no hizo cumplir la norma siendo la presidenta del Consejo de la Magistratura y Crespo por ordenar la exclusión de Toledo del acto de posesión.
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