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El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, realizado por la Comisión “898”, plantea un paquete de iniciativas para revolucionar la administración de justicia punitiva, entre ellas cinco excepciones para la aplicación de la detención preventiva y la digitalización de algunos procedimientos.
La Comisión “898” debe su nombre al número de ley que dictó su conformación. El objetivo de esta entidad, conformadas por tres órganos del Estado, es hacer seguimiento para cumplir con las conclusiones de la Cumbre de Justicia.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, resaltó la necesidad que existe de reformar los criterios para aplicar la detención preventiva, porque se ha observado que los administradores de justicia han convertido a la prisión en la regla, cuando debería ser la excepción en un sistema que privilegia la libertad de las personas.
Indicó que el proyecto de Ley incorpora, como primera excepción, que la detención preventiva no se aplique a mayores de 65 años.
La segunda excepción consiste en que no se podrá enviar a la cárcel preventivamente a quienes estén acusados de delitos cuyas penas sean menores a cuatro a años de cárcel.
En tercer lugar, no se dará detención preventiva a imputados de delitos de daño patrimonial, siempre y cuando haya conciliación y no se afecte a ninguna de las partes.
Cuarto, no se aplicará detención preventiva a mujeres embarazadas y, quinto, tampoco se enviará la cárcel a quien sea único custodio de niños, a menos que esté acusado de delitos contra la libertad sexual o de patrimonio mediante violencia o corrupción.
Por otro lado, el proyecto normativo manda a que los fiscales precisen en sus imputaciones el tiempo que requerirán la detención preventiva de una persona. Como ejemplo, Arce señaló que ahora un fiscal pide encarcelar a un acusado sin tiempo límite, pero ahora deberá poner los meses que necesita de reclusión del imputado para terminar su investigacion.
Asimismo, se dispone que las apelaciones a las detenciones preventivas sean consideradas por sólo un vocal de los tribunales departamentales, y no como ocurre ahora que se debe conformar una sala para llevar adelante las audiencias.
Digitalización del proceso penal
El ministro Arce explicó que como medida para cambiar a la justicia penal, se implementarán las notificaciones informáticas, como un esfuerzo para superar el proceso actual en que ese proceso se realiza siempre mediante papel.
Explicó que las notificaciones se harán por correo electrónico. Indicó que los abogados ya tendrán asignada una dirección de e-mail cuando accedan a su credencial.
También se plantea en el proyecto grabar en audio y video las audiencias, y que esos registros tengan el mismo valor legal que la transcripción.
Más cambios
Entre otras reformas, el proyecto dispone que los juicios se hagan de manera continua, es decir que una vez instalado se haga si es necesario a diario hasta que se termine, obligando al juez a no tocar otro caso mientras no resuelva el presente.
Asimismo, la norma da el mandato a jueces y fiscales de buscar salidas alternativas del proceso penal.
El proyecto plantea también establecer oficinas gestoras, encargadas de coordinar audiencias y horarios, quitándole a los jueces la posibilidad de manipular las horas de los actos procesales posiblemente para postergarlos adrede.
Otro planteamiento es que los tribunales departamentales y Ministerio Público visiten cárceles para conocer las quejas de internos y casos de encarcelamiento injusto.
Arce agregó que aún hay discrepancias respecto a la idea de reducir los tribunales de sentencia a unipersonales. Señaló que la Asamblea tendrá la última decisión al respecto.
El Ministro de Justicia anunció que el proyecto de ley será presentado ante la Asamblea Legislativa en las próximas horas. Expresó su deseo de que oposición también se suma apoyar esta iniciativa que busca mejorar la administración de justicia penal.
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