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El mayor de la Policía, Freddy Valda, fue enviado a la cárcel de Patacamaya con detención preventiva, por la presunta comisión de dos delitos, al instruir a dos grupos policiales especializados que acudan a un operativo montado para beneficiar al exfiscal, Ánghelo Saravia.
Dicho operativo era para amedrentar a personas que habían denunciado a Saravia por corrupción, según el Ministerio Público.
El pasado 12 de noviembre, el exfiscal se comunicó telefónicamente con Valda para denunciar que era víctima de extorsión. “Bajo este pretexto y tratando de dar cierta legitimidad a esta denuncia, Valda informó a su inmediato superior, solicitando supuestamente la intervención del personal de inteligencia”, argumentó el fiscal Ramiro Jarandilla.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, Saravia acudió directamente al funcionario policial, por la relación que mantenían, ya que el imputado fungía como director de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (DELCC).
Según las declaraciones testificales, la denuncia de Saravia tenía la intención de coaccionar a sus denunciantes para que firmen un desistimiento a su favor, por lo que solicitó colaboración a Valda, quien coordinó el operativo directamente con personal del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) y de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).
La investigación refiere que Valda instruyó que el personal del GICE se constituya en la ciudad de El Alto para verificar el caso de extorsión, cuando la denuncia debía ser atendida por su personal o caso contrario debía dar parte al Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
“La conducta del imputado tenía la finalidad de buscar ventajas y beneficios a favor Saravia, por lo que se concluye que el ahora imputado es con probabilidad autor de la comisión del delito de uso indebido de influencias”, agregó Jarandilla.
Respecto al delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, el Ministerio Público evidenció que con la orden de Valda se desplegó al personal de inteligencia de los grupos especiales para realizar un operativo discrecional, en detrimento de la sana administración de justicia.
Ante lo expuesto, el fiscal Terrazas solicitó la detención preventiva de Valda, por existir los suficientes elementos de convicción de la probable autoría en la comisión de los delitos, además de que concurre el riesgo procesal de fuga, debido a que no acreditó un trabajo lícito y domicilio o residencia habitual.
“En consecuencia es previsible que pueda abandonar el país o permanecer oculto para evadir la acción de justicia”, dijo el fiscal.
Asimismo, concurre el peligro de obstaculización, ya que el imputado puede modificar, destruir y ocultar elementos de prueba, además de influir negativamente sobre peritos, testigos y partes, por su condición de funcionario policial.
El imputado también puede influir ilegal o ilegítimamente en funcionarios del sistema de la administración de justicia o inducir a otros a realizar las acciones a su favor. (Con información de la Fiscalía)
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