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El Ministerio Público anunció acciones penales, por el delito de prevaricato, contra la jueza Sarita Maza, que otorgó detención domiciliaria al exmilitar, José Alfredo Pinto Talamac, acusado de haber entregado las armas que fueron utilizadas en el atraco a un vehículo de la empresa Brinks, informó la Fiscalía.
Las autoridades encontraron 27 armas (26 pistolas y 1 revólver), además de un fusil, tres miras telescópicas, tres cargadores (dos largos y 1 corto) y municiones de diferentes calibres en el domicilio del sindicado, ubicado en la zona del estadio de Real Santa Cruz.
Según el Ministerio Público, el coimputado Julio César Hurtado (alias El Gordiño) aseguró que el exmilitar entregó el arsenal al grupo delincuencial que atracó al vehículo de la empresa Brinks que ocurrió en marzo en Roboré.
A eso se suma que el exmilitar pretendía huir cuando se hizo el allanamiento en su casa, para así evadir a la justicia.
La Fiscalía, tomando en cuenta esos elementos, pidió cárcel para el proveedor de armas, pero la jueza Maza fundó su determinación en una enfermedad renal que padecería el imputado, quien a criterio del Ministerio Público no presentó documentación idónea al respecto.
Los fiscales encargados del caso apelaron la decisión de la jueza, pero además el fiscal departamental, Freddy Larrea, anunció proceso contra Maza.
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