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El vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció que prepara un complemento legal para la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), con la cual se pretende transparentar los recursos de estas instituciones y cerrar las mismas en caso de detectar alguna irregularidad.
“Se trata de que las ONG’s garanticen, a través de una escritura pública, cuánto en recursos y en qué los invierten, si cumplen o no con el objetivo para el que fueron destinados. Si hay algún incumplimiento, si tenían un objetivo para esos recursos y no lo cumplieron, entonces el Gobierno central tendrá la tuición de cerrar la ONG que incurra en esta irregularidad”, explicó el legislador en un contacto telefónico con ERBOL.
Borda indicó que algunas ONG’s financiaron movimientos y protestas que apoyaban a la “derecha”, acción que puso en riesgo la estabilidad del Gobierno del presidente Evo Morales.
“Hay que recordar el caso de los marchistas del TIPNIS, en la época de la Asamblea Constituyente, varios hechos que demostraron que las ONG’s están apoyando a la derecha, porque se vio la injerencia política de estas instituciones que financiaron a los grupos de protesta”, aseguró.
Consultado si existen pruebas de esta presunta injerencia de las ONG’s, Borda respondió que se basarán en los diferentes reportes de los medios de comunicación para avalar la norma que se prepara.
“Las pruebas están en los mismos medios de comunicación, las notas periodísticas que tergiversan la información, que no muestran la realidad de las políticas del Gobierno”, señaló.
Posición de Unitas
Para la directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, esta es el anuncio de una forma de controlar y restringir la labor de las ONG’s en Bolivia. Agregó que esta normativa, anunciada por Borda, no tiene fundamento, debido a que las instituciones no gubernamentales entregan informes constantes al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo sobre los manejos económicos de las ONG’s.
“No tendría objetivo esta norma, porque se entregan informes constantes, no sólo al Viceministerio de Inversión Pública, sino al Ministerio de Trabajo, a Impuestos Nacionales, todo el manejo de nuestros recursos está a la mano del Gobierno, por eso creo que lo único que quiere el Gobierno es controlar y restringir el trabajo de estas instituciones”, señaló a ERBOL.
Agregó que si el MAS pretende que el Gobierno se base en reportes de los medios de comunicación para asegurar que las ONG’s apoyan en movimientos de “la derecha”, la normativa “está fuera de lugar”.
“Un reporte de un medio de comunicación no es base legal para decir que estamos apoyando actividades que para ellos están mal vistas, tenemos que entender que con esta normativa se está atentando, no solo a las ONG’s, sino a la democracia”, aseveró
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