Manuel Morales
En Bolivia hubo una guerra civil en 1899 denominada Guerra Federal, entre los conservadores y los liberales aliados al movimiento indígena de Zárate Willka. Estos últimos se impusieron gracias a la alianza militar y se modificó la estructura del Estado con el cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz; sin embargo, el federalismo —bandera liberal— nunca llegó a concretarse. El movimiento de los Willkas fue traicionado, y los principales mandos militares fueron encarcelados y asesinados posteriormente por el gobierno liberal de Pando.
Nuevamente resurgen, en la presente coyuntura, las arengas a una guerra civil desde las movilizaciones en la ciudad de El Alto y las provincias, pero también desde la palabra del presidente Rodrigo Paz. En un video difundido en TikTok, Paz llama a la población a sumarse a las fuerzas policiales y militares para defender su gobierno en una acción humanitaria contra los bloqueadores —a quienes ha denominado con diversos adjetivos— y termina anunciando una victoria frente a un enemigo que no es la «patria» ni representa al «futuro».
En el caso de El Alto, es recurrente desde 2019 levantar las banderas de la guerra civil porque existe un enfrentamiento con el gobierno y el Estado, con victorias evidentes en los años 2000, 2002 y especialmente en 2005, cuando se logró la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada merced a un estrangulamiento territorial de La Paz como sede de gobierno. Este estrangulamiento territorial tiene raíces largas en la historia, cuando se produjeron los cercos a las ciudades de La Paz y Sorata en 1781.
Lo alarmante y nuevo es el llamamiento del presidente Rodrigo Paz a que la ciudadanía ayude a enfrentar las movilizaciones y bloqueos que se desarrollan en Bolivia desde hace más de 35 días. Rodrigo Paz es presidente de todos los bolivianos, no de una parcialidad. No puede convocar a un enfrentamiento entre civiles para beneficio de su gobierno en un momento de profunda crisis entre el Estado y la sociedad civil, donde el uso de la fuerza puede ser catastrófico y no necesariamente dejar un saldo a favor de la fuerza pública.
La policía y las fuerzas armadas, en los conflictos de 2005 y 2019, no pudieron contener las movilizaciones ciudadanas. Lo significativo es que en 2005 la movilización fue contra el presidente neoliberal y empresarial, mientras que en 2019 las movilizaciones fueron por parte de la ciudadanía democrática contra el gobierno de Evo Morales, causante del mayor fraude electoral. En 2019, las movilizaciones ciudadanas a nivel nacional, convocadas el CONADE y los cívico desde cabildos, utilizaron las marchas y los bloqueos como estrategias efectivas en casi todas las capitales de departamento. En esa oportunidad, el gobierno de Evo Morales y Juan Ramón Quintana utilizaron una estrategia de defensa de círculos convergentes, poniendo en primera fila de choque a los llamados movimientos sociales, luego a la policía y finalmente a las fuerzas armadas a la cabeza del general Kaliman. Este esquema fue derrotado después de 21 días de conflicto.
Lo anterior quiere decir que las condiciones sociales e institucionales en Bolivia tienden a ser favorables al pueblo movilizado, sea en una guerra del gas o en la defensa de la democracia. Gráficamente: con whipalas o banderas rojo amarillo y verde la gente en la calle supera a las fuerzas estatales.
Hoy en día, al gobierno de Rodrigo Paz se le exige la renuncia, mientras trabaja —de manera improvisada y lenta— la posibilidad de aprobar una ley de estado de excepción y su implementación, con el peso de los antecedentes que acabo de enunciar.
El llamamiento de Rodrigo Paz para que la ciudadanía lo apoye en un enfrentamiento contra los movilizados refleja esta correlación histórica de fuerzas adversa al gobierno.
La solución del conflicto está abierta en torno a varias posibilidades inmediatas. A largo plazo, el referendo revocatorio es una opción que no sirve para solucionar el conflicto hoy. El resto de las salidas —todas ellas constitucionales— son: la implementación del estado de excepción (que tendría que lograr el desbloqueo y la derrota militar de los movilizados), la negociación estratégica, la renuncia del presidente Paz y la sucesión constitucional, expresada en los artículos 169, 170 y 161 de la CPE.
4 de junio de 2026