Por Casey Cagley
Cuando Samuel Doria Medina anunció formalmente la salida de su partido, Unidad Nacional (UN), del bloque de gobierno del presidente Paz, enmarcó la decisión en términos éticos contundentes. "Unidad Nacional y el gobierno de Rodrigo Paz van por caminos separados", publicó, citando una profunda frustración con la parálisis gubernamental y el lento avance en reformas fundamentales en materia de inversiones, minería e hidrocarburos. Apuntando directamente a la inercia de la administración, añadió: "Nos molestan sus formas de hacer o no hacer las cosas".
Es el "no hacer las cosas" lo que llamó mi atención, y lo que resuena en un sector privado desesperado por la modernización regulatoria y el cambio. Comparto su reclamo, pero su queja expone una hipocresía estructural arraigada en la cultura política boliviana: la persistente idea de que la iniciativa legislativa es un monopolio exclusivo del Órgano Ejecutivo.
Con 26 escaños en la Cámara de Diputados y 7 en el Senado, la bancada de UN controla más del 20 por ciento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un parlamento profundamente fragmentado, esto le otorgaría a UN una influencia legislativa decisiva. Sin embargo, a pesar de este peso legislativo, los parlamentarios de UN han presentado prácticamente cero proyectos de ley originales para abordar las mismas reformas económicas estructurales que Doria Medina exige. Según mis cálculos, la ALP ha aprobado apenas ocho leyes, de las cuales dos corresponden al presupuesto general del Estado, tres a créditos multilaterales y bilaterales, y una para “declarar la imagen de la virgen del Carmen del municipio de Cliza como patrimonio cultural material del Estado Plurinacional de Bolivia”. La legislatura boliviana hace que mi propio Congreso en los EE. UU. (con unos 104 proyectos de ley aprobados) parezca un modelo de eficiencia (¡que no lo es!).
En cambio, los legisladores de UN han actuado como el resto de la Asamblea: receptores pasivos a la espera de que los proyectos de ley lleguen de los pasillos ministeriales en La Paz. Según los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, los miembros del Congreso poseen plena facultad para redactar y presentar legislación. Sin embargo, los parlamentarios limitan rutinariamente su mandato a revisar, demorar o bloquear las propuestas del Ejecutivo.
He trabajado lo suficiente en torno a la política boliviana como para saber que esta inercia proviene de tradiciones políticas profundamente arraigadas. Décadas de hiperpresidencialismo han anclado el diseño de políticas públicas dentro de los ministerios, y he visto cómo hasta los congresistas más activos y con iniciativa propia quedan frustrados por la carencia de equipos técnicos de apoyo o de redacción legal dedicados. Entiendo también cómo es que los partidos bolivianos funcionan principalmente como maquinaria electoral diseñada para distribuir espacios de poder, en lugar de motores de políticas públicas capaces de elaborar leyes complejas.
Pero UN —y Bolivia— no tienen por qué permanecer atrapados en este bucle centrado en el Ejecutivo. Vecinos de la región demuestran que un parlamento puede transformarse en un motor activo de reformas. En Colombia, por ejemplo, la iniciativa legislativa es impulsada rutinariamente por el Congreso a través de "proyectos de ley de iniciativa parlamentaria". Los congresistas colombianos conforman grupos de trabajo multipartidarios y utilizan la sólida estructura de las comisiones permanentes de las cámaras para redactar leyes integrales en materia económica, tributaria y sectorial de manera independiente del palacio presidencial.
La cultura legislativa pasiva de Bolivia posterga las reformas necesarias y refuerza un centralismo, al tiempo que genera un enfoque de gobernanza de "todo o nada". Cuando la Asamblea se niega a redactar y socializar sus propios proyectos de ley, la reforma económica se estanca cada vez que el Ejecutivo tropieza. El resultado es una polarización de alto riesgo: suele que el Congreso o bien aprueba sin matices los borradores del Ejecutivo o bien congela por completo la regulación del sector, dejando a industrias clave de la economía en un limbo.
Si Samuel Doria Medina y Unidad Nacional realmente pretenden cumplir su promesa de actuar como una "oposición constructiva", deben abandonar el hábito de esperar a que la Casa Grande del Pueblo les envíe instrucciones. Esto aplica también para el PDC, Libre y otros actores. Quejarse de la lentitud del gabinete mientras se mantiene casi una cuarta parte de la legislatura es una postura que la economía boliviana ya no se puede permitir.
Casey Cagley es politólogo y consultor de la firma Red Telescope Global, con sede en Seattle, Estados Unidos.