Juana A. Maturano Trigo - Comunicadora Social y abogada
La participación equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres es un derecho constitucionalizado no por casualidad, sino por una necesidad social, política y económica, debido a esa alta discriminación íntimamente relacionada con la violencia de género que históricamente sufre la mujer, solo por el hecho de ser mujer, sin importar su estrato social, procedencia, religión u otra característica, éstas que en todo caso determinan para que la mujer sea doble o incluso triplemente discriminada, haciéndose cuesta arriba su desempeño y desarrollo personal o profesional.
Siendo la política paritaria en Bolivia el resultado de décadas de lucha de los movimientos de mujeres, es justo exigir a quienes detentan el poder público y otras que aspiran a representarnos, resultados en favor de esa igualdad real y sustantiva que aspira una sociedad al incorporar normas que obligan a compartir la administración del estado, a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Si bien, ésta responsabilidad transformadora no es únicamente de mujeres sino de todos, pero es de suponer que la sororidad, la solidaridad de género se encuentran mucho mas latentes en las mujeres que en los varones, lo que no quiere decir, insisto, que sea un trabajo que excluya a los varones, sino todo lo contrario; ya que, existen momentos históricos en los cuales hubieron autoridades varones que supieron aportar significativamente en políticas de estado tendientes a construir esa ansiada sociedad con igualdad de oportunidades para todos. En consecuencia, es razonable hacer énfasis en que la política paritaria no solo debe basarse en una cuestión biológica sino en esa convicción y compromiso que las mujeres tienen para con su género y su sociedad, para que así, motivadas desde sus experiencias de vida puedan transformar desde el estado, ese marco normativo aún con vacíos y las débiles políticas de estado que no han asignado recursos económicos ni han destinado recursos humanos especializados o con experticia que muestren al menos avances en resultados de una sociedad con menos discriminación y menos violencia machista que coadyuve y equipare sus posibilidades de ejercicio de sus derechos, especialmente a las poblaciones en mayor desventaja multidimensional.
Es probable que nuestra reflexión sobre la política paritaria en Bolivia sin resultados o la necesidad de superar una igualdad basada meramente en la cuestión biológica, parezca ser un ataque de una mujer a otras mujeres. Sin embargo, tenemos la certeza absoluta de que no se alerta ni se exige resultados que no sean posibles lograr, sino todo lo contrario, las mujeres cuando se lo proponen lo pueden lograr lo que demandamos como sociedad incluso mucho más. Por ello, no podemos dejar pasar momentos normativamente tan favorables para no hacer incidencia que tambien propicie e institucionalice en nuestra cultura boliviana la “naturalización” de ese respeto mutuo y colaborativo entre hombres y mujeres porque no se trata de una competencia, se trata de que cada ser humano alcancemos esa vida digna con oportunidades en las que seamos complementos en ideas, capacidades y sueños que nos permitan construir esa sociedad sin violencia, sin discriminación sino con progreso en nuestro ser individual y en la vida en comunidad, en sociedad.
Con esa certeza de que la mujer partícipe y protagonista de la política paritaria en Bolivia, puede y debe coadyuvar a transformar esta sociedad, es menester hacer notar, que aun faltan pasos por avanzar en esta ruta de participación equitativa e igualitaria especialmente en instancias ejecutivas, siendo que las instancias legislativas ya cuentan con ese respaldo normativo de 50 a 50 de equidad y alternancia. Las instancias ejecutivas en la actualidad no superan su visión de asignar carteras de estado solo del área social a unas cuantas mujeres (salud, educación, turismo), dejando al menos el 80 o 90% de las carteras de estado en el nivel central, secretarías o direcciones en las gobernaciones o municipios para que ocupen los varones. Esta realidad nos deja varias interrogantes porque además son cargos de confianza y de libre nombramiento: ¿no habrá mujeres capaces de asumir esas carteras?, ¿pero cómo una MAE puede saber si hay mujeres capaces o no cuando no hay una convocatoria abierta para demostrarlo?, ¿será que la MAE tiene más confianza en varones que en mujeres? Sin duda éstas y otras interrogantes o respuestas nos viene a la mente y no tenemos una respuesta definitiva. Lo cierto es que, este desafío de compartir el poder en instancias ejecutivas entre hombres y mujeres no solo vamos a dejar en manos de las mujeres partícipes del poder público sino también en manos de las máximas autoridades ejecutivas para que tomen conciencia y no esperen otra ley que les obligue para incorporar a las mujeres en espacios jerárquicos y operativos en equidad e igualdad de oportunidades y condiciones, tal como reza la Constitución Política del Estado y en definitiva, aspiramos a que estas cualidades sean una constante y una realidad en instancias ejecutivas estatales, orgánicas y cívicas de nuestra sociedad.