Tomy Pérez
El año 2025 quedará registrado como uno de los más intensos y convulsionados de la historia reciente del país, tanto en el ámbito político como en el económico. Fue un año que puso a prueba la institucionalidad, la paciencia ciudadana y la capacidad del Estado para responder a una sociedad cansada, pero aún esperanzada.
En el plano político, el país atravesó un proceso electoral complejo y cargado de tensiones. La convocatoria a elecciones nacionales, la accidentada selección de candidaturas, las habilitaciones e inhabilitaciones marcadas por controversias, y los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional –muchos de ellos percibidos como hechos a medida– erosionaron la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático. A ello se sumaron una primera y una segunda vuelta electoral intensas, que culminaron con la elección del binomio Paz–Lara, abriendo un nuevo ciclo político. Sin embargo, lejos de cerrarse el capítulo electoral, el país se encamina ahora hacia las elecciones subnacionales, lo que mantiene vigente la tensión política.
El rol de los exvocales del Órgano Electoral Plurinacional dejó un sabor amargo. En lugar de contribuir a la serenidad institucional, muchos optaron por el protagonismo mediático, con declaraciones contradictorias entre sí y decisiones –o indecisiones–que alimentaron la confusión. La democracia no solo se defiende con normas, sino también con prudencia, responsabilidad y silencio oportuno, valores que estuvieron ausentes en más de una ocasión.
En el ámbito económico, 2025 fue igualmente desafiante. Bolivia atravesó una de las inflaciones más altas de las últimas décadas, cercana al 20%, golpeando con dureza el poder adquisitivo de las familias. El crecimiento del PIB, según proyecciones de organismos internacionales, apenas bordeará el 0,5%, reflejando una economía prácticamente estancada. A ello se sumaron la inestabilidad del tipo de cambio del dólar paralelo durante gran parte del año, la prolongada escasez de combustibles hasta inicios de noviembre y el posterior ajuste de precios dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 5503, junto con otras medidas económicas. Este conjunto de factores configuró un escenario ambivalente: para algunos sectores abrió expectativas de corrección y ordenamiento, mientras que para otros profundizó la incertidumbre, el malestar social y la sensación de vulnerabilidad económica.
Las movilizaciones sociales que surgieron en torno a dicho decreto pusieron en evidencia una realidad ineludible, que el propio Gobierno ha comenzado a asumir al convocar al diálogo con los distintos sectores: las decisiones económicas, aun cuando sean técnicamente necesarias, difícilmente pueden sostenerse en el tiempo sin un proceso adecuado de diálogo. Gobernar no es solo adoptar medidas desde el ámbito técnico o administrativo, sino también explicar con claridad, escuchar con apertura y ajustar con responsabilidad aquellas decisiones que generan impactos no previstos o tensiones sociales legítimas.
Sin embargo, 2025 no debe leerse únicamente como un año de crisis, sino como un punto de inflexión. El 2026 se presenta como una oportunidad para recomponer confianzas, reconstruir puentes y retomar el rumbo con mayor responsabilidad colectiva. La esperanza no está en negar los problemas, sino en afrontarlos con honestidad, visión de largo plazo y unidad.
Bolivia ha demostrado, una y otra vez, una enorme capacidad de resiliencia. Si el nuevo año logra combinar estabilidad política, diálogo social y decisiones económicas responsables, el 2026 puede marcar el inicio de una etapa de reconstrucción y reconciliación. No será un camino fácil, pero sí posible. Porque incluso después de los años más agitados, siempre existe la posibilidad de volver a empezar, mejor y con mayor sabiduría colectiva.