Nelson Martínez Espinoza
La muerte del cadete Pablo Reboso Valencia, ocurrida en marzo de 2026, no debería ser vista como un hecho aislado. Por el contrario, obliga a la sociedad boliviana a mirar nuevamente hacia una institución que durante años ha sido escenario de denuncias de violencia, abusos de poder, encubrimiento, violaciones y temor a denunciar.
Pablo Reboso ingresó a la Academia Nacional de Policías con el sueño de convertirse en servidor público. Terminó en terapia intensiva y posteriormente falleció. Su madre denunció públicamente que su hijo había sufrido vejámenes y agresiones dentro de la academia, y exigió una investigación independiente. Mientras la familia hablaba de golpes y lesiones internas, las autoridades de la ANAPOL negaban cualquier maltrato y atribuían inicialmente el deterioro de su salud a problemas médicos. Días después, la Fiscalía amplió la investigación y el Instituto de Investigaciones Forenses identificó múltiples hematomas en el cuerpo del joven. La causa pasó de lesiones graves a una investigación por lesiones graves y gravísimas.
Más allá de lo que determinen los tribunales, el caso expuso una pregunta inquietante: ¿por qué, cada vez que surge una denuncia grave dentro de la ANAPOL, la primera reacción institucional suele ser negar los hechos?
No es la primera vez que ocurre.
En mayo de 2019, un instructor policial fue denunciado por la presunta violación de una cadete. La institución anunció la suspensión del acusado mientras se realizaban las investigaciones. Sin embargo, quien terminó abandonando la academia fue la víctima, que solicitó su retiro voluntario poco después de presentar la denuncia. La pregunta sigue vigente siete años después: ¿qué garantías tuvo esa joven para continuar su formación dentro de una institución donde debía convivir con la estructura jerárquica que investigaba su caso?
Los hechos conocidos públicamente son apenas la punta del iceberg. En marzo de 2024, la Defensoría del Pueblo reveló los resultados de una encuesta aplicada a 1.500 cadetes y conscriptos de centros de formación policial y militar. El dato más alarmante fue que el 77 % afirmó haber presenciado hechos de violencia contra compañeros. Más preocupante aún: el 30 % identificó a instructores como responsables de esas agresiones. El propio Defensor del Pueblo concluyó que muchos cadetes no encuentran condiciones para denunciar los abusos que sufren.
Estas cifras revelan una cultura institucional donde la violencia parece haberse normalizado. No se trata solamente de golpes. Las denuncias acumuladas durante años incluyen humillaciones, castigos físicos, presiones psicológicas, discriminación, extorsión y abuso de autoridad. Los casos de violación contra cadetes hombres y mujeres son frecuentemente silenciados. La mayoría de estos hechos nunca llega a conocimiento público porque existe un elemento común: el miedo.
Miedo a ser expulsado.
Miedo a perder la carrera.
Miedo a represalias.
Miedo a enfrentar una estructura cerrada y profundamente jerárquica.
Por eso resulta significativo que las denuncias más graves hayan surgido casi siempre desde las familias, puesto que no existen mecanismos internos eficaces de control. Fueron madres y padres quienes hablaron cuando los cadetes ya no podían hacerlo.
La ANAPOL tiene la misión de formar a quienes estarán encargados de proteger los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, una institución que tolera el silencio frente a denuncias de violencia corre el riesgo de reproducir hacia afuera las mismas prácticas que no logra erradicar puertas adentro.
La justicia tiene ahora una responsabilidad histórica en el caso Reboso. No basta con identificar a los responsables individuales; también es necesario identificar a quienes encubrieron los hechos para que sean sancionados como corresponde. Asimismo, es imprescindible determinar las fallas estructurales que permitieron que estos hechos ocurrieran. Cada caso que queda sin esclarecer representa impunidad; cada denuncia que no prospera fortalece la desconfianza pública.
Cuando una institución forma policías en un ambiente donde el temor prevalece sobre la transparencia, el problema deja de ser únicamente académico o disciplinario. Se convierte en un problema de derechos humanos.
Y cuando las respuestas tardan demasiado, el silencio institucional se convierte en violencia.