Juana Maturano Trigo
La violencia de género es un problema de salud pública, por la magnitud de afectación y consecuencias que tiene en las mujeres que la sufren, sea por las agresiones físicas, psicológicas o sexuales a lo largo de su vida, ocasionando lesiones graves, fracturas, dolor crónico, problemas digestivos y discapacidad. Duplica el riesgo de sufrir depresión y ansiedad, además de estrés postraumático e ideación suicida. Así también provoca embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o abortos espontáneos. En Bolivia, al menos 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida y se han expuesto a este tipo de afectaciones y secuelas.
El derecho a una vida libre de violencia es un derecho fundamental en Bolivia. El art. 15.II.- de la CPE lo prevé: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”; empero la realidad es muy diferente. Solo en los siete primeros meses del presente año se han registrado alrededor de 25 mil denuncias en el marco de la Ley 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia, haciendo un promedio diario de al menos 117 casos de violencia en sus diferentes formas y que han sido denunciados ante el Ministerio Público. Esto significa que éste número ni siquiera refleja la totalidad de casos de violencia contra la mujer y la niñez porque no todos los casos llegan a registrarse, admitirse ni denunciarse ante el Ministerio Público, dada la naturalización de este problema que prácticamente convive al interior de la sociedad y las familias bolivianas.
Si bien es cierto que la intensidad del debate respecto a la violencia de género en Bolivia se ha profundizado en el último tiempo, esto no responde necesariamente a una decisión o intencionalidad de enfrentar esta problemática con mejores estrategias y recursos sino todo lo contrario; ya que, la situación de las víctimas y mujeres en situación de violencia está siendo estigmatizada y menoscabada con discursos fabricados respecto a una generalización supuestamente de denuncias falsas, como si éstas primaran en la realidad y las estadísticas, lo cual, es absolutamente errado, tomando en cuenta que la muerte de 1 mujer víctima de feminicidio cada 4 días es una lamentable realidad. Así también las más de 117 denuncias diarias por violencia de género en sus diferentes formas tampoco es un invento. De ahí que la estigmatización, exposición y revictimización de las mujeres en situación de violencia, con discursos y corrientes de opinión promovidas por ciertos personajes incluso de “sexo femenino” y algunos varones que han hecho del falso debate de denuncias falsas, una palestra y un modo de vida porque han hecho de estos casos y activismo, un negocio; a la fecha, también algunos parlamentarios se han prestado a promover una ley que sancione las falsas denuncias y se privilegie la presunción de inocencia y la honorabilidad del denunciado como si estas figuras no existieran en el código penal boliviano. Esa es una muestra clara y preocupante de la distorsión que se pretende dar a la situación de las víctimas de violencia, tomando en cuenta las deficiencias en las investigaciones, la falta de transparencia y la debida diligencia en la prevención y protección de las víctimas; y el alto porcentaje de casos que se rechazan o se cierran con sobreseimiento, con el mismo argumento de pruebas insuficientes para proseguir con un juicio o sanción al agresor.
Por su parte, los gobernantes actuales de nuestro estado boliviano como garantes de derechos humanos, no dan señales de estar interesados en asumir su verdadero rol y enfrentar este problema dimensionando en su real magnitud. Pues no son números, son seres humanos los 53 feminicidios en los primeros 7 meses del presente año. Cada 4 días muere una mujer en manos de su pareja, ex pareja, esposo o ex esposo. Pero frente a este terrible drama, qué acciones asumió por ejemplo el actual gobierno: Eliminó el Ministerio de Justicia de donde dependían viceministerios, unidades y direcciones de defensa a las víctimas de violencia, transparencia institucional y las políticas de estado que promueven la igualdad de oportunidades. Esta cartera de estado quedó reducida a un Viceministerio y sus funciones quedaron reducidos y fusionados con otras Carteras de Estado, ocasionándose un descuido total de las pocas atribuciones específicas que éstas instancias hoy desaparecidas o fusionadas cumplían, dejando a las víctimas en una total indefensión, especialmente aquellas que no cuentan con recursos para un patrocinio legal particular, ya que la sola actuación del Ministerio Público jamás es suficiente y urge el impulso procesal de parte de la víctima. En teoría la justicia es un derecho y es gratuito, en los hechos la justicia es para quien tiene dinero y casualmente quienes menos dinero tienen son las víctimas y precisan del estado para su defensa. Solo por señalar un ejemplo, Chuquisaca tiene más de 600 mil habitantes, la oficina de Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) con sus oficinas en la ciudad de Sucre, debería contar con un equipo multidisciplinario suficiente para atender a toda la población que requiere de un apoyo en patrocinio y defensa jurídica gratuita, pero en la práctica, solo cuenta con una sola abogada para apoyar a más de medio millón de habitantes no solo en lo que concierne a la Ley 348 que son asuntos relacionados a la violencia de género sino de cualquier otro hecho que incumbe a las víctimas; esta profesional a veces tiene en su equipo un o una psicóloga y trabajadora social, y a veces no. En cuanto a logística y equipos para su trabajo, las víctimas deben proveerse hasta de tinta y papel para sus memoriales. Ese es el extremo a donde se ha llegado en las políticas de estado para enfrentar este flagelo social como es la violencia de género reflejada principalmente en la violencia familiar o doméstica que ocupa el mayor porcentaje en estadísticas alcanzando al 73% durante los primeros siete meses del presente año, seguido de un problema aun más grave como es la vulneración a los derechos contra la libertad sexual, teniéndose a la violación, abuso sexual, estupro y acoso sexual que suman el 25% del total de casos registrados en el marco de la Ley 348.
Consecuentemente, es de hacer notar que la obligación del Estado no comienza después del crimen; ya que, la normativa es clara. La CPE, la Ley 348, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará obliga al estado acciones concretas de prevención, protección, investigación y sanción en asuntos de violencia de género; y cuando éste rol se incumple, la violencia encuentra condiciones para repetirse. Un extremo que se repite día a día, año tras año en nuestro país. Por ello, es pertinente preguntarse si le importa o no al gobierno que representa al estado, enfrentar la violencia de género en su real dimensión para garantizar verdaderamente el ejercicio de un derecho elemental como es el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, incluso la salud de las mujeres. Por su parte, la sociedad y la familia tienen sus propios roles que deben ser asumidos con la responsabilidad que ello amerita: ser espacios seguros y protectores para sus miembros, denunciar la violencia o buscar ayuda para salvar la vida de las víctimas. En definitiva, dejar de naturalizar o justificar la violencia en cualquiera de sus formas.