Manuel Morales
Si se tratara de un partido de fútbol, la visita de Kast a Bolivia y los acuerdos alcanzados constituirían una derrota por cinco a cero; sin embargo, al tratarse de política, corresponde explicar por qué.
El gobierno de Chile ha actuado con gran pragmatismo y ha logrado cinco acuerdos de amplio beneficio para ese país. Entre ellos, el más importante es el cable de fibra óptica para el servicio de internet de alta velocidad que Chile venderá inicialmente a Brasil y Paraguay y que, necesariamente, deberá atravesar Bolivia. Ese cable, denominado Humboldt, no constituye una iniciativa boliviana: Bolivia solo prestará su territorio como país de tránsito. No existe ningún acuerdo para que el gobierno de Paz participe en mayor medida de la oferta. Más aún, el cable proviene de Australia, pasa por debajo del océano Pacífico y tiene a Google como uno de sus operadores fundamentales.
El segundo aspecto desfavorable se refiere a la integración energética y de hidrocarburos. Chile venderá energía eléctrica a Bolivia debido a la crisis energética que atraviesa el país, pues el gobierno ha anunciado que probablemente concluya el ciclo del gas con déficit en el suministro de energía eléctrica. En materia de hidrocarburos, Bolivia puede actuar por sí misma, por ejemplo, mediante la reversión del oleoducto Arica-Sica Sica. Cuando el país era autosuficiente y exportaba hidrocarburos, utilizaba ese ducto para bombear petróleo desde Sica Sica hasta Arica con fines de exportación; ahora se requiere realizar la reversión.
Otro punto llamativo es el acuerdo sobre minerales críticos. Se afirma que ambos países buscarán transferencia tecnológica, capacitación e inversiones para generar una cadena de valor de los minerales críticos compartidos en la región de la cordillera. Esto significa que Chile potencialmente tendrá acceso a los minerales críticos existentes en territorio boliviano, además del litio, el grafito y las tierras raras. Corresponde observar y evaluar cómo evoluciona este acuerdo.
También se ha señalado la modernización del ACE 22. Bolivia y Chile mantienen un Acuerdo de Complementación Económica desde 1993. Este será actualizado, pero la mala noticia es que la balanza comercial es desfavorable para Bolivia. Es decir, se mejorará el acuerdo comercial entre ambos países, pero el mayor beneficiario será Chile: en 2025, Bolivia registró un déficit comercial de 653 millones de dólares, con importaciones desde Chile por 773 millones y exportaciones por apenas 120 millones. Un ACE 22 renovado sería aceptable si permitiera a Bolivia exportar más y mejor.
Finalmente, el otro tema que Kast ha insistido es la seguridad jurídica o la protección de “su frontera”, con demandas de cooperación policial. Kast ha construido zanjas en el norte de Chile, hacia la frontera con Perú y con Bolivia. En oportunidades anteriores acusó a Bolivia de ser el principal factor de criminalidad en el norte chileno, de ser desestabilizadora y de estar involucrada en narcotráfico, trata de personas e incluso tráfico de armas. Por tanto, Chile reforzará su política y Bolivia cooperará en una posición subordinada.
A Bolivia le ha ido muy mal: cinco a cero, con el agravante de que no se ha tocado el tema marítimo, ni siquiera figura en una agenda posterior, y tampoco existen objetivos estratégicos de interés nacional que, aparentemente, el presidente Rodrigo Paz no tendría en este momento.
Lo único que ha hecho Kast —de manera muy hábil— es invitar a Rodrigo Paz a visitar Santiago de Chile; con ello se ha establecido una amistad entre dos presidentes que tienen una visión muy parecida. Bolivia no ha ganado absolutamente nada.
El presidente Rodrigo Paz sostiene un discurso desubicado: ofrece a Chile “los puertos bolivianos de salida al Atlántico”, es decir, que la mercadería chilena pase por Bolivia y utilice la hidrovía Paraná-Paraguay. Sin embargo, solo hay un puerto boliviano; el resto son privados y de muy baja capacidad. Su infraestructura es obsoleta para que un país vecino pueda utilizarlos, y sus limitaciones son evidentes en muelles y terminales de carga, sin mencionar las plataformas logísticas y de almacenamiento, además de la desconectividad férrea y carretera. Tampoco el gobierno de Paz cuenta con inversión pública ni privada para mejorar esa salida al Atlántico; por ello, la propuesta se convierte en demagogia, aunque le sirve como discurso para “ofertar” y no para “solicitar” a Chile una negociación marítima seria.