Nelson Martínez Espinoza
La reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de difundir datos sobre pagos y deudas en mora constituye un paso positivo en medio de la incertidumbre que rodea la coyuntura económica del país. Es una señal, aunque aún insuficiente, de apertura informativa.
Sin embargo, el mensaje más contundente que debe enviar el nuevo gobierno no pasa solo por gestos aislados, sino por la aprobación de un paquete de leyes que consoliden los cambios estructurales que Bolivia necesita. Entre ellas, una normativa es particularmente urgente: una Ley de Acceso a la Información Pública robusta, coherente y capaz de convertirse en un verdadero antídoto contra la corrupción.
El acceso a la información no es un lujo democrático, sino el fundamento de la transparencia administrativa y la base para un control ciudadano real sobre la gestión del Estado. Permite vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y garantiza que la toma de decisiones esté respaldada por información completa, verificable y de calidad. En otras palabras, sin información pública, no hay seguridad jurídica ni confianza institucional.
Transparentar el manejo de la economía en los tres niveles del Estado es indispensable para sentar esas bases. La experiencia de países que han perfeccionado su normativa en esta materia muestra que una ley efectiva debe construirse sobre cinco pilares esenciales:
1. Principio de máxima publicidad
Una ley moderna debe garantizar que la información pública sea, por defecto, accesible. Esto implica desarrollar plataformas y mecanismos tecnológicos que permitan a periodistas y ciudadanos conocer datos sobre inversión, contrataciones de bienes y servicios, ingresos y egresos de todas las instituciones estatales. La confidencialidad debe ser la excepción, no la regla, y debe sujetarse a un régimen claro y limitado que impida que el secretismo oculte actos irregulares.
2. Creación de comités garantes autónomos e independientes
El Estado necesita órganos de veeduría capaces de fiscalizar, resolver controversias y garantizar el cumplimiento de la ley sin presiones políticas. Estos comités deben estar integrados por profesionales especializados en economía y derecho, con atribuciones para supervisar procesos de contratación y confirmar, modificar o revocar decisiones que pudieran generar daño económico. Su independencia es clave para generar confianza pública.
3. Procedimientos simples y respuestas rápidas
Una buena ley debe asegurar que solicitar información no sea un trámite engorroso. La ciudadanía tiene derecho a recibir respuestas en plazos razonables y mediante procedimientos sencillos, accesibles y libres de burocracia innecesaria.
4. Transparencia proactiva
No basta con responder solicitudes: el Estado debe anticiparse y difundir información de interés público de manera permanente. Esto reduce la presión sobre las oficinas responsables, evita cuellos de botella y permite que la ciudadanía haga seguimiento a la gestión sin necesidad de pedir cada dato por separado.
5. Información en formatos abiertos y accesibles
Toda información debe ser generada, organizada y publicada en formatos digitales abiertos, gratuitos y descargables. Sin esta condición, el acceso es solo aparente: la información existe, pero no puede ser usada, comparada ni analizada
Una Ley de Acceso a la Información no solo fortalece la lucha contra la corrupción: moderniza al Estado, mejora la calidad de la gestión pública y devuelve a la ciudadanía el derecho básico de saber qué se hace con sus recursos. Para un país que busca estabilidad y confianza, esta norma ya no es una opción: es una necesidad impostergable.