Manuel Morales Álvarez
El contrabando de soya y maíz transgénicos desde la Argentina hacia Bolivia tiene una larga data. Ha sido denunciado en reiteradas oportunidades, pero nunca investigado ni reprimido de manera efectiva por las autoridades del Estado boliviano. Es más, la inclinación hacia lo ilícito ha sido tan marcada que incluso instancias gubernamentales participaron en la compra de material vegetal transgénico de contrabando.
El 17 de agosto de 2022, la Aduana Nacional llevó a cabo un megaoperativo en el que decomisó 620 toneladas de soya y maíz transgénicos en Santa Cruz, valuadas en más de seis millones de bolivianos. El cargamento fue incautado en una planta de almacenamiento de semillas y granos en el municipio de Cotoca.
El 20 de julio de 2022, el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, denunció que “EMAPA está comprando maíz transgénico y de contrabando”. En otra ocasión, se logró detener camiones de EMAPA que transportaban maíz transgénica desde la Argentina, el cual era ofrecido en redes sociales “con factura”.
Años antes, el 13 de septiembre de 2016, mediante una carta dirigida al entonces presidente Evo Morales, la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos (BLT) denunció la importación de 400.000 toneladas de maíz argentino genéticamente modificado, en contravención de la normativa boliviana.
Queda claro que, durante la última década, se ha introducido soya y maíz transgénicos por la vía del contrabando, con la participación de instancias estatales, vulnerando leyes específicas de protección de la salud, del medio ambiente y de la riqueza biológica del país.
Cabe destacar el protagonismo de los contrabandistas en este negocio ilegal y el nuevo giro que el gobierno de Rodrigo Paz dio a la importación de estos productos mediante el Decreto Supremo Nº 5547.
Dos disparos acabaron con la vida de Mauricio Aramayo. La Fiscalía apunta a un crimen “bien planificado”, ejecutado el 8 de enero de 2026 en la ciudad de Tarija. El fallecido era hombre de confianza del presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija. Asimismo, era candidato a concejal por ese municipio en las elecciones subnacionales previstas para marzo de este año.
Según la Fiscalía Departamental de Tarija, se identificó a Mijail Rodríguez, alias “El Tuerto”, como el presunto autor intelectual del asesinato de Aramayo, vinculándolo con actividades de contrabando de granos. La autoridad señaló que los autores materiales se trasladaron desde Yacuiba a Tarija el 5 de enero para realizar un seguimiento a la víctima. El fiscal explicó que la hipótesis más sólida del Ministerio Público es que “El Tuerto” habría intentado sobornar a Aramayo cuando este se desempeñaba como director del Senasag en Tarija, con el objetivo de mantener el control del negocio ilícito. Rodríguez habría ofrecido tres millones de bolivianos para imponer personal de control que garantizara la continuidad de las operaciones ilegales. Se especula que el contrabando de soya y maíz transgénicos puede generar ganancias de hasta un millón de bolivianos diarios.
¿Quiénes compran el maíz y la soya transgénicos de contrabando?
Se sabe que EMAPA adquiría estos productos, especialmente maíz transgénico, para destinarlos a la subvención otorgada al sector empresarial porcino y avícola. La ventaja para EMAPA radicaba en el acopio y la posterior entrega del producto a los productores en sus granjas, pese a tratarse de mercancía ilegal. Para el sector empresarial, los beneficios eran evidentes: recibían un insumo subvencionado.
En el caso de la soya, el destino principal era el sector empresarial —la “industria”, como la denominan—, a través de su estructura de grandes compradores dedicados a la transformación o exportación del producto.
Ahora bien, con el Decreto Supremo Nº 5547, que establece la libre importación de soya con arancel cero, los beneficiarios directos serán los grandes empresarios, quienes podrán incrementar la producción de biodiésel que venden a YPFB para la mezcla de combustibles. Cabe resaltar que el precio de venta de biodiésel a YPFB es superior al precio de importación del diésel de origen fósil, de esta manera se afecta a los intereses nacionales.
Cabe plantear, finalmente, que si el Decreto Supremo impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz hubiera sido promulgado antes del 8 de enero de 2026, probablemente Mauricio Aramayo seguiría con vida, ya que la eliminación de las restricciones aduaneras para la importación de soya transgénica no solo beneficia a los grandes empresarios oleaginosos, sino que también mejora la estructura de costos de los grandes contrabandistas.
Se está cerrando el círculo cuyo propósito es centralizar el negocio de la soya y maíz transgénico en manos de pocos grandes empresarios, los pequeños productores son prescindibles, así como sus parcelas y el producto de su tierra. Lo ilegal es ahora legal.
26 de febrero de 2026