Tomy Pérez
El problema de la basura que atraviesa el municipio de La Paz dejó de ser una simple deficiencia en el servicio de aseo urbano para convertirse en una preocupante crisis de salubridad, gestión y, sobre todo, de respeto hacia la ciudadanía. Cada día aparecen nuevos puntos de acumulación de residuos en calles y esquinas. Mercados como el Rodríguez y otros sectores concurridos muestran una imagen que indigna: bolsas amontonadas, desperdicios esparcidos, malos olores y vecinos que esperan, con creciente frustración, una solución que no termina de llegar.
Ante la emergencia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz puso en marcha el Plan de Emergencia de Gestión del Aseo (PEGA). Sin embargo, la realidad parece haber superado rápidamente su capacidad de respuesta. El ritmo de recolección resulta insuficiente frente al volumen de residuos acumulados y, mientras pasan las horas y los días, la basura continúa en las calles, convirtiéndose en un riesgo para la salud pública y deteriorando aún más la imagen de la ciudad.
La indignación aumenta cuando, en medio de esta situación, circulan fotografías y videos de autoridades municipales participando en operativos de limpieza, mientras a pocas cuadras continúan creciendo los promontorios de basura. En una emergencia de esta magnitud, la ciudadanía no necesita actos simbólicos ni imágenes para demostrar que se está trabajando: necesita resultados. Porque recoger algunas bolsas frente a una cámara puede generar una fotografía, pero no resuelve un problema que afecta a toda una ciudad.
El origen de esta crisis está relacionado con las medidas de presión asumidas por los trabajadores de La Paz Limpia (LPL), cuyas demandas están vinculadas al reajuste de costos y tarifas por el incremento del salario mínimo nacional y el encarecimiento de los combustibles. Ante esta situación, el Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo Nº 5660, que permite ajustar los precios de contratos de aseo urbano en función de las variaciones del diésel y la gasolina, previa justificación. Esta medida contribuye a resolver una parte del problema y abre el camino hacia una solución. Ahora corresponde al Gobierno Municipal asumir su responsabilidad, atender los aspectos pendientes y encontrar una salida definitiva que permita restablecer plenamente el servicio de aseo urbano.
Existen, por supuesto, aspectos contractuales, económicos, laborales y administrativos que deben ser resueltos conforme a la normativa. También han existido reuniones entre la empresa y el municipio en busca de una salida al conflicto. Sin embargo, mientras ambas partes intercambian explicaciones y responsabilidades, hay un tercero que soporta las consecuencias sin haber generado el problema: el ciudadano.
Y ahí está precisamente el punto que debería preocuparnos. Para quien tiene basura acumulada frente a su vivienda, negocio o puesto de venta, llega un momento en que la discusión sobre contratos, decretos, competencias y responsabilidades pierde sentido. El vecino paga impuestos y tasas, cumple obligaciones y espera, a cambio, servicios públicos que funcionen. No debería convertirse en rehén de desacuerdos administrativos ni sufrir las consecuencias de la incapacidad de las partes para encontrar oportunamente una solución.
La población paceña tiene razones para estar indignada. Después de varios días, la basura continúa acumulándose en diferentes sectores y cada jornada que pasa incrementa los riesgos sanitarios, afecta al comercio, deteriora los espacios públicos y profundiza una sensación mucho más difícil de limpiar que las propias calles: la pérdida de confianza en las instituciones.
La Paz no necesita más explicaciones cruzadas ni culpables de ocasión. Necesita soluciones, previsión y autoridades capaces de responder. Porque gobernar una ciudad también significa algo tan elemental como garantizar que sus ciudadanos puedan vivir en ella con limpieza, salud y dignidad.