Manuel Morales
Gasolinazo -en sus dos versiones-, devaluación controlada desde el Banco Central de Bolivia y múltiples tarifazos. Esos son los tres golpes más duros que hoy golpean la economía de las familias bolivianas. No son fenómenos aislados, ni producto de la casualidad. Forman parte de la política económica liberal impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz.
Por donde se los mire, estos tres factores están perturbando la economía popular y erosionando, de manera acelerada y profunda, la capacidad adquisitiva de la población. En la historia económica reciente del país, no se recuerda que estos tres aspectos hayan sido promovidos de manera simultánea. Hoy, sin embargo, convergen en una tormenta perfecta que ya está afectando el bolsillo de los bolivianos.
En el caso de la devaluación, el dólar está siendo modulado -o definido- por el Banco Central de Bolivia. Pero lo que antes era un tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar, hoy ya ronda los 10,10 y sigue al alza. La tendencia es clara: el boliviano se deprecia día a día.
El problema se agrava porque el Banco Central ha dejado de vender divisas. El control del tipo de cambio quedará, entonces, en manos de la banca privada. Y, como siempre ocurre en estos casos, la calle volverá a imponer su propia ley: el cambio negro o paralelo. Esto significa que, de aquí en adelante, la devaluación será permanente, con un impacto directo y devastador sobre las importaciones.
Las importaciones bolivianas están concentradas en combustibles y vehículos, pero también en una larga lista de bienes esenciales: medicamentos, insumos agropecuarios, vacunas para el ganado, pollitos bebés, fertilizantes, agroquímicos. Todos ellos, sin excepción, verán sus precios dispararse.
La devaluación golpea los bolsillos familiares, pero también sacude todo el sistema eléctrico, el sistema de agua potable y otros servicios que dependen de insumos importados. Es un efecto dominó que encarece la vida en cada eslabón de la cadena.
El tarifazo múltiple, con el Decreto Supremo 5647, el gobierno de Rodrigo Paz ha autorizado que las tarifas eléctricas puedan incrementarse hasta un 5% mensual. Antes, la norma establecía un techo del 3% semestral. Este cambio abre las puertas a lo que ya estamos llamando un tarifazo múltiple.
Porque no solo sube la electricidad. También el agua potable, el gas, la recolección de basura y otros servicios municipales. Y detrás de todos ellos, opera el mecanismo silencioso de la indexación a las UFV (Unidades de Fomento de Vivienda).
Este mecanismo, creado por un gobierno anterior para que el Estado no pierda ingresos por la inflación, hoy se ha vuelto en contra de los ciudadanos. Según el FMI, Bolivia cerrará 2026 con una inflación superior al 20%. Cuanto más sube la inflación, más sube la UFV. Si tienes una multa del Servicio de Impuestos Nacionales expresada en UFV, por cada boliviano de deuda original hoy pagas 3,30 bolivianos.
Y así, mes a mes, los tarifazos se multiplican. La gente ya lo está sintiendo en sus facturas, en sus bolsillos, en su día a día.
El transporte, en la mira, pero el tarifazo no se detiene en los servicios básicos. Los pasajes y fletes del transporte también se han incrementado: urbano, interprovincial, interdepartamental e incluso internacional, con las tarifas de BOA a la cabeza.
Todo esto está amarrado al levantamiento de la subvención de los combustibles. El primer gasolinazo, el 11 de enero de 2026, incrementó los precios de los carburantes, con la excepción del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas. Pero la política de ajuste no se detuvo allí.
Hoy asistimos al segundo gasolinazo: la autorización para que el mercado de combustibles sea atendido también por el sector privado (decreto Supremo 5644). Esto implica dos precios en los surtidores: el de YPFB, todavía subvencionado pero con gasolina ausente o de mala calidad (mezclada con etanol o biodiésel), y otro a precio internacional, libre de cualquier subsidio.
El sector del transporte ajustará sus tarifas por este nuevo gasolinazo, pero también por la devaluación del boliviano y por el encarecimiento de baterías, repuestos, neumáticos y todo lo necesario para mantener sus unidades en funcionamiento.
Gasolinazo, devaluación, tarifazos, son tres jinetes del apocalipsis que el gobierno de Rodrigo Paz ha desatado con su política económica liberal. Y la población, como siempre, queda en medio del huracán, viendo cómo sus ingresos se diluyen mientras los gastos se multiplican.
No hay compensación que alcance. No hay bono que mitigue el efecto de un combustible que duplica su precio, un dólar que se dispara y facturas que no dejan de crecer.
La economía popular está herida. Y mientras el gobierno ajusta las cuentas fiscales, las familias bolivianas pagan la factura. En la siguiente entrega, exploraremos las alternativas que la población está buscando para sobrevivir a esta tormenta. Porque, frente a estos tres jinetes, la resistencia no es una opción: es una necesidad.
9 de julio de 2026