Manuel Morales
El Decreto Supremo 5716 de Rodrigo Paz llevó el precio del diésel de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, un incremento del 83%. Vamos a cuantificarse con precisión sus efectos sobre la economía boliviana, a partir de datos verificables de producción, costos, fletes y precios de mercados. El resultado no es ambiguo: la economía boliviana se contraerá con más fuerza, la inflación se acelerará y la pobreza aumentará de manera significativa, amén de pagar un diésel a precio de guerra (https://fmbolivia.com.bo/opinion/bolivia-no-puede-pagar-un-diesel-a-prec...).
Antes del decreto, el Fondo Monetario Internacional proyectaba una caída del 3,3% del PIB para 2026. Esa proyección no incorporaba el shock del diésel. La evidencia sectorial permite estimar el impacto adicional. La construcción, que representa el 7% del PIB, reporta un 70% de obras paralizadas y costos superiores al 50%, lo que aporta una caída de 1,23 puntos porcentuales. El transporte y la logística, con un peso del 10% en el PIB, enfrentan fletes un 32% a 42% más caros y una flota de carga con más de la mitad de sus unidades inmovilizadas, lo que añade una caída de 1,00 punto. La agricultura, con un 12% del PIB, ve comprometida la siembra y un incremento de costos del 20% al 30%, lo que contribuye con 0,78 puntos. La minería, con un 8% del PIB, advierte sobre un posible colapso financiero de las cooperativas, lo que suma 0,80 puntos. La manufactura, con un 16% del PIB, enfrenta insumos más caros y una demanda contraída, lo que agrega 0,64 puntos. El subtotal de estos sectores directos es una caída de 4,45 puntos porcentuales. Al aplicar el efecto multiplicador sobre el consumo y las cadenas de suministro, el impacto adicional total asciende a 5,79 puntos. Sin embargo, aplicando un factor de atenuación del 35% por capacidad de ajuste parcial y sustitución limitada, el impacto adicional probable se sitúa entre 1,8 y 2,4 puntos porcentuales. Esto sitúa la contracción total del PIB para 2026 en un rango de 5,1% a 6,0%, con un valor central de 5,5% (-). En términos monetarios, considerando un PIB de aproximadamente 45.000 millones de dólares, la pérdida adicional de actividad económica supera los 2.200 millones de dólares. Bolivia se convierte así en la economía con peor desempeño de Sudamérica, muy lejos del crecimiento del 4,5% que se proyecta –por ejemplo- para Paraguay.
El impacto sobre la inflación es igualmente severo. Antes del decreto, la inflación de 2025 había cerrado en 20,4% y el IPC acumulaba un alza del 5,02% a junio de 2026. El DS 5716 añade un shock de costos que se transmite a través de la estructura del IPC. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que ponderan el 32% de la canasta, registran incrementos de hasta el 114% en productos básicos como el arroz, el pollo o el tomate, lo que aporta 9,6 puntos porcentuales a la inflación adicional. El transporte, con un peso del 13%, y un alza del 25%, contribuye con 3,25 puntos. Los restaurantes y hoteles, con un 8% de ponderación y un aumento del 17,5%, suman 1,40 puntos. La vivienda y los servicios básicos, con un 12% y un alza del 7,5%, añaden 0,90 puntos. El resto de bienes y servicios, con un 35% de ponderación y un incremento del 7,5%, aporta 2,63 puntos. La primera ronda de aumentos suma 17,78 puntos porcentuales. A esto se añade el efecto de segunda ronda por expectativas y ajustes salariales, que multiplica por 0,7 el impacto inicial y agrega 5,33 puntos. El impacto adicional total es de 23,11 puntos. Aplicando un factor de atenuación del 40% por reversión parcial de picos especulativos y ajustes de oferta, el impacto adicional probable sobre la inflación se sitúa entre 12 y 16 puntos porcentuales. Esto eleva la inflación de cierre de 2026 a un rango de 24% a 30%, con un valor central de 27%. Es decir, casi el doble de la ya elevada inflación de 2025 y muy por encima de la proyección oficial del 14%.
La consecuencia más dolorosa de este shock inflacionario es el aumento de la pobreza. Antes del decreto, la tasa de pobreza se situaba en torno al 39%. Los hogares de menores ingresos destinan más de la mitad de su presupuesto a alimentos, precisamente el rubro más afectado. Con una inflación alimentaria del 30%, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares pobres alcanza el 16,5%, y la línea de pobreza se incrementa en un 25%. Esto significa que entre 800.000 y 1.200.000 bolivianos adicionales caerían en situación de pobreza, elevando la tasa nacional a un rango de 46% a 49%, con un valor central de 47,5%. Casi la mitad del país. El impacto es especialmente devastador para los trabajadores informales, que representan cerca del 80% de la población económicamente activa y no tienen salario fijo ni capacidad de negociar incrementos para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
El aparato productivo nacional también sufre un golpe estructural. Antes del decreto, la utilización de la capacidad instalada promediaba el 71%. Tras el shock del diésel, la paralización de obras, la inmovilización de la flota de carga, la reducción de la siembra y el riesgo de colapso minero reducen esa utilización al 49%, una caída de 22 puntos porcentuales. Esto implica que casi un cuarto del aparato productivo nacional está inactivo. No se trata de una recesión cíclica de la que se sale esperando que pase la tormenta (“efecto rebote”). Es una destrucción de capacidad productiva que tomará años y mucha inversión recuperar. La construcción, con un 30% de utilización de su capacidad, el transporte de carga, con un 40%, la minería, con un 50%, la agricultura, con un 60%, y la manufactura, con un 65%, configuran un panorama de parálisis generalizada. Más de 13.000 industrias manufactureras y 150.000 empleos directos están en riesgo, según los datos del sector.
El impacto consolidado del DS 5716 se resume en una contracción del PIB del 5,5%, una inflación del 27%, una pobreza del 47,5% y una utilización de la capacidad productiva del 49%. La pérdida de actividad económica supera los 2.200 millones de dólares. Estos números son el resultado de inferir el impacto a partir de los datos verificables de producción, costos, fletes y precios de mercados. Muestran que el retiro de la subvención al diésel, tal como se ha implementado, no está sentando las bases para una recuperación sostenible, sino que profundiza la recesión, acelera la inflación, aumenta la pobreza y destruye capacidad productiva.
El gobierno no protege a la población, ni a su economía, mucho menos resuelve el problema energético, que es vital para el futuro del país. El Decreto Supremo 5716 debe ser abrogado y se requiere de un nuevo gobierno que asuma –de verdad- las riendas de la economía del país para salir adelante.