Manuel Morales
El escándalo de corrupción, la tentativa de feminicidio e infanticidio, la grosera manipulación de la administración pública del gobierno de Rodrigo Paz por parte de un ciudadano extranjero (Fernando Cerimedo), y los posibles negociados de la familia del Presidente —incluida su esposa— minan la credibilidad y honorabilidad del gobierno de Paz y abren la encrucijada de su dimisión, que se constituiría en una real posibilidad de recambio en democracia.
La dimisión de Rodrigo Paz, quien se encuentra enlodado e incapacitado para seguir gobernando Bolivia, es la solución al problema de un gobierno que lleva nueve meses en una letanía que asombra tanto a la población como a los círculos de poder que vieron en esta administración la oportunidad de inaugurar un nuevo ciclo político.
Ese nuevo ciclo político era, precisamente, la negación del modelo del MAS. La mala noticia es que dicho modelo sigue de pie. Probablemente, la superación del mismo no consista en la negación absoluta de todos sus componentes, sino de algunos elementos principales. El negacionismo del rol del Estado en la economía del país fue la apuesta básica del gobierno de Rodrigo Paz y de su postulado liberalista, según el cual el sector privado debería asumir la administración del Estado y dinamizar diversos rubros de la economía nacional, generando ingresos a sus empresas y, de paso, algo de empleo. Sin embargo, la realidad nacional nos muestra la presencia de un empresariado con piernas flacas, ideas cortas y una verdadera trayectoria de vivir de la acumulación estatal de capital.
En Bolivia no existe una verdadera burguesía nacional; al parecer, eso es cierto. Los sectores empresariales, como la construcción, han vivido durante décadas de los contratos para obras generados desde el sector estatal, central o subnacional. El caso del etanol, producido por una parte del sector agroindustrial de Santa Cruz, ejemplifica a la perfección la tesis de una "burguesía dependiente". La agroindustria sucroalcoholera no es un sector que venda en un mercado libre, sino que su modelo de negocio está íntegramente subordinado a las decisiones de compra, los tiempos de pago y la capacidad logística del Estado, representado por YPFB.
Hoy en día, el ejemplo más cruel es el Decreto Supremo N.º 5676, que establece un precio diferenciado para el diésel: por un lado, el precio subvencionado de Bs 9,80 para el transporte público y los pequeños consumidores; por otro, el precio de Bs 18 para los grandes consumidores (Graco). De manera sorprendente, los sectores empresariales y el transporte pesado —que fueron los sustentadores del discurso de levantar la subvención a toda costa y de que el sector empresarial importe combustibles para el mercado local reemplazando a YPFB— ahora solicitan la abrogación del DS 5676, evidenciando una contradicción flagrante entre lo proclamado en los medios de comunicación y la defensa de sus propios bolsillos.
Esta última evidencia es importante porque refleja las limitaciones objetivas que tiene la economía boliviana para una liberalización generalizada. Incluso una liberalización puntual y restrictiva, como la participación privada en el negocio del diésel, viene fracasando estrepitosamente. Por ello, no extraña que el sector campesino y la asociación de municipios soliciten dar marcha atrás en esta disposición de dos precios.
A lo expuesto deben añadirse razones de peso que hacen de la dimisión de Rodrigo Paz no solo una opción, sino una necesidad democrática e institucional:
Pérdida de soberanía y autonomía gubernamental. La participación de Fernando Cerimedo, un ciudadano extranjero con antecedentes controvertidos, en la administración pública evidencia una injerencia inaceptable en asuntos de Estado. Que un asesor externo haya tenido acceso a decisiones estratégicas y manejo de recursos públicos revela que el Presidente ha delegado funciones esenciales en manos no elegidas ni fiscalizables, lo que atenta contra la soberanía nacional.
Grave daño a la credibilidad internacional. El escándalo proyecta una imagen de debilidad institucional y permisividad con la corrupción, lo que ahuyenta la inversión extranjera, deteriora las relaciones diplomáticas y coloca a Bolivia en el mapa de los Estados capturados por intereses particulares. Paz ya no tiene autoridad moral para representar al país en el exterior.
Uso de recursos públicos para beneficio privado. Los indicios de que la familia del Presidente y su entorno inmediato habrían participado en negociados vinculados a contratos o favores derivados de la influencia de Cerimedo configuran un claro enriquecimiento ilícito. Esta no es una mera acusación política; es un hecho que mina la confianza ciudadana y obliga a un recambio para evitar la impunidad.
Incapacidad manifiesta para gobernar. Nueve meses de gestión han bastado para demostrar que Paz carece de liderazgo, de capacidad de gestión y de un proyecto coherente. La contradicción entre su discurso liberal y la defensa de los subsidios por parte de sus propios aliados empresariales (como en el caso del DS 5676) evidencia que ni siquiera su base de apoyo confía en sus políticas. Un gobernante que no puede articular ni siquiera a sus socios estratégicos está políticamente muerto.
Riesgo de profundización de la crisis social y económica. La permanencia de Paz en el cargo, bajo la sombra del escándalo Cerimedo, solo alimenta la polarización, el descontento popular y la parálisis de las inversiones. Su dimisión abriría la puerta a un gobierno de transición que, sin el lastre de la corrupción, pueda convocar a elecciones anticipadas y restaurar la confianza en las instituciones.
Precedente democrático. En una democracia robusta, la dimisión ante escándalos de esta magnitud no es una derrota, sino un acto de responsabilidad. Paz tiene la oportunidad histórica de demostrar que, a diferencia del MAS, su espacio político cree en la rendición de cuentas. Si no lo hace, estará confirmando que el "nuevo ciclo" no era más que una copia del viejo, solo que con otra cara.
Por todo ello, la dimisión de Rodrigo Paz se perfila como el único desenlace que permitiría encauzar el país, separar el poder público de los intereses privados y devolverle a la ciudadanía la esperanza en un gobierno honesto y capaz.
27 de agosto de 2026