Tomy Pérez
La eliminación parcial de la subvención a la gasolina y total al diésel, además de contribuir al ordenamiento de las finanzas públicas y reducir la presión fiscal que representaba su sostenimiento, parece estar generando un efecto poco discutido, pero perceptible en la vida cotidiana: la reducción de la congestión vehicular en las principales vías y zonas céntricas de varias ciudades capitales del país, donde los habituales embotellamientos comienzan a dar paso a una circulación aparentemente más fluida.
Este cambio invita a reflexionar sobre cómo las decisiones económicas pueden transformar nuestros hábitos cotidianos. Durante años, el combustible subvencionado permitió mantener costos bajos para el uso de vehículos particulares, incentivando su utilización incluso en trayectos cortos. Hoy, con precios más elevados, muchas familias comienzan a evaluar si realmente resulta conveniente utilizar diariamente el automóvil para trasladarse al trabajo, realizar compras o cumplir otras actividades.
La decisión responde a una lógica económica fundamental: cuando aumenta el costo de un bien o servicio, las personas ajustan su consumo y buscan alternativas. En este caso, algunos propietarios prefieren dejar sus vehículos en casa y utilizar el transporte público, compartir desplazamientos o reducir viajes innecesarios. No necesariamente porque hayan cambiado sus preferencias, sino porque sus ingresos deben distribuirse en otras necesidades.
Este comportamiento tiene consecuencias que van más allá del ahorro individual. Una menor circulación de vehículos particulares puede contribuir a reducir la contaminación ambiental y acústica, disminuir los tiempos de desplazamiento y aliviar el estrés que generan los congestionamientos.
Sin embargo, sería equivocado interpretar esta transformación únicamente como una buena noticia. Detrás de cada vehículo que deja de circular también puede existir una familia cuyo poder adquisitivo se ha reducido. El dinero adicional destinado al combustible debe salir de algún lugar: alimentación, entretenimiento, ahorro u otros gastos del hogar. Es decir, la aparente mejora del tráfico también refleja un proceso de ajuste económico que no todos enfrentan en las mismas condiciones.
Algo similar ocurre con el transporte público y las actividades productivas. El incremento de los costos del combustible presiona las tarifas, el transporte de mercancías y los precios finales de bienes y servicios. Por ello, los beneficios derivados de una menor congestión deben analizarse junto con los efectos sobre la inflación, la competitividad y el bienestar de la población.
Esta nueva realidad plantea una oportunidad para repensar la movilidad urbana. Si una parte de la ciudadanía está dejando de utilizar su vehículo particular por razones económicas, las autoridades deberían aprovechar este cambio para mejorar el transporte público, optimizar rutas, ordenar paradas y promover sistemas de movilidad más eficientes, seguros y accesibles.
La experiencia también deja una enseñanza sobre las subvenciones. Aunque pueden aliviar temporalmente el bolsillo de las familias, también influyen en las decisiones de consumo y generan costos fiscales que terminan siendo asumidos por toda la sociedad. Su modificación exige políticas complementarias que permitan reducir los efectos negativos sobre los sectores más vulnerables.
En definitiva, lo que hoy observamos en las calles podría ser una manifestación visible de un cambio económico mucho más profundo. Menos vehículos no necesariamente significa mayor bienestar, pero sí demuestra cómo los precios modifican comportamientos que parecían permanentes.