Nelson Martínez Espinoza
Bolivia atraviesa una encrucijada agrícola decisiva. Mientras el mundo avanza hacia la biología aplicada y la innovación sostenible, el país continúa atrapado en una dependencia estructural de los agroquímicos. En la última década, entre 2013 y 2023, se importaron 324 mil toneladas de insumos químicos por un valor aproximado de 1.160 millones de dólares, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Esta cifra no solo refleja una balanza comercial desfavorable, sino también un modelo productivo que compromete la salud, los suelos y los ecosistemas.
Frente a este escenario dominado por multinacionales del agro, existe una alternativa con sello boliviano. Desde hace más de tres décadas, empresas nacionales han desarrollado bioinsumos validados científicamente en valles y llanos del país, demostrando que la soberanía científica no es un eslogan político, sino una necesidad urgente para proteger la vida, la producción agrícola y la Madre Tierra.
Sin embargo, el avance de esta alternativa choca con una realidad contradictoria. A pesar de contar con biotecnología capaz de controlar más de 250 especies de insectos en alrededor de 100 cultivos, el sistema regulatorio estatal opera como una auténtica “camisa de fuerza” para el desarrollo del sector.
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), amparado en una normativa desactualizada, obliga a los bioinsumos a registrarse bajo la misma lógica que los agroquímicos: un registro por cultivo y por plaga. El procedimiento, además de costoso e ineficiente, incurre en contradicciones técnicas, como exigir la firma de un ingeniero químico para productos que son estrictamente biológicos.
La diferencia entre los insumos químicos y los bioinsumos no es menor. Mientras los agroquímicos presentan una composición molecular fija que genera resistencia progresiva en las plagas, los bioinsumos —o biorreguladores— utilizan microorganismos vivos. Esta característica impide que los insectos desarrollen defensas, ya que la concentración y comportamiento del producto varían naturalmente entre lotes de producción.
Pese a ello, el Estado otorga a los bioinsumos la misma clasificación de riesgo que a sustancias como el glifosato, ignorando que estos productos no dejan residuos tóxicos, no contaminan los acuíferos y no degradan los suelos.
El problema no se limita al ámbito normativo. Resulta igualmente preocupante que, en varias universidades públicas, la llamada revolución verde aún no se haya incorporado de manera efectiva a la formación académica. Muchos docentes mantienen vínculos con empresas de agroquímicos y reproducen un modelo educativo orientado a la comercialización de productos sintéticos, relegando la investigación sobre la vasta riqueza genética del país. Esta desconexión ocurre en un contexto en el que el mercado global de bioinsumos crece a un ritmo anual del 15% y América Latina se posiciona como una de las regiones líderes en esta transición.
En este contexto, la propuesta de una nueva Ley de Bioinsumos aparece como una oportunidad estratégica. No se trata únicamente de agilizar trámites, sino de promover la innovación tecnológica, actualizar los marcos regulatorios y priorizar las compras estatales de insumos ecológicos. Una política de este tipo permitiría reducir parte de los más de 600 millones de dólares que Bolivia destina cada año a la importación de agroquímicos y contribuiría a la recuperación del 48% de los suelos que actualmente se encuentran en proceso de desertificación.
Bolivia tiene las condiciones para transitar de un modelo agroextractivista hacia uno basado en la agricultura sostenible y la ganadería regenerativa. La tecnología ya existe y ha sido desarrollada por manos bolivianas que, en la última década, han logrado cubrir cerca de 700 mil hectáreas productivas, desde la soya en Santa Cruz hasta el café en los Yungas.
Lo que falta no es conocimiento, sino decisión política y visión académica. El Estado y las universidades públicas deben dejar de mirar al pasado químico y asumir, con responsabilidad frente al cambio climático, que el presente —y el futuro— de la agricultura pasa por soluciones biológicas que privilegian la vida antes que la devastación.