Por Casey Cagley
Para el observador casual en los Estados Unidos o Canadá, las imágenes que se transmiten desde Bolivia este mes parecen la repetición de una película que ya han visto demasiadas veces. La Paz se encuentra bajo un asedio virtual. Las carreteras interdepartamentales están asfixiadas por los bloqueos y los mineros se enfrentan a la policía antidisturbios en las cercanías del palacio presidencial.
Para quienes miramos al país desde el exterior, existe un ritmo cíclico y frustrante en la forma en que Bolivia se registra en la conciencia global. Es un país prácticamente invisible en América del Norte; rara vez se le considera una prioridad importante para la política exterior de los Estados Unidos. El turismo proveniente del norte global es mínimo y su enorme riqueza cultural, geográfica y humana sigue siendo completamente desconocida para el extranjero promedio. Bolivia solo logra romper el horizonte de los medios internacionales cuando entra en convulsión. Desde las guerras del Agua y del Gas a principios de los años 2000, pasando por la fractura institucional de 2019, hasta las intensas movilizaciones de 2022, el mundo exterior solo nota a Bolivia cuando sangra.
Debido a que gran parte del público internacional posee tan poco conocimiento base sobre el país, estos momentos de crisis son forzados de inmediato en narrativas ideológicas prefabricadas. Para la izquierda internacional, las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos rurales y los movimientos indígenas son vistas como un levantamiento clásico y heroico contra un modelo neoliberal recién impuesto. Por el contrario, para los sectores de la derecha en Washington, el descontento se etiqueta rápidamente como un "intento de golpe de Estado en curso" impulsado por elementos radicales e interferencia externa. El secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, capturó perfectamente esta desconexión la semana pasada al escribir en X que Estados Unidos "No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes democráticamente electos en nuestro hemisferio".
No es para descartar acciones y actitudes plenamente antidemocráticas y algunos vínculos criminales. Pero, al analizar la compleja realidad a través de este rígido lente geopolítico, los actores internacionales pueden terminar repitiendo los recientes y costosos errores de la historia regional. Vimos este mismo guion en Chile en 2019, cuando el gobierno conservador de Sebastián Piñera culpó del descontento social generalizado a un complot extranjero orquestado desde Venezuela y Cuba, en lugar de abordar la desigualdad interna. Lo vimos de nuevo en Colombia en 2019, cuando el presidente Iván Duque buscó deslegitimar los paros nacionales caracterizándolos principalmente como vandalismo financiado externamente, en lugar de una respuesta a la profunda ansiedad económica y frustración multidimensional.
Cuando un gobierno solo escucha la validación externa, se ciega ante las realidades legítimas y dolorosas de sus propias calles. La crisis actual que sacude al gobierno de seis meses del presidente Rodrigo Paz es, en parte, una crisis de promesas rotas y de una profunda traición local. Una parte significativa de la base campesina e indígena de tendencia izquierdista votó por Paz durante su sorprendente campaña, confiando en sus promesas populistas de centro para estabilizar una economía golpeada por la escasez. En cambio, muchos se sienten abandonados tras maniobras económicas repentinas—incluyendo la malograda propuesta de ley de tierras (Ley 1720) y el abrupto recorte a los subsidios de los combustibles—que golpearon fuertemente el sustento rural sin traer el alivio prometido. Ni hablar de la gasolina basura.
Para complicar las cosas, presenciamos un oportunista juego de culpas doméstico. El expresidente Evo Morales ha buscado activamente apropiarse de este movimiento de masas espontáneo para su propia resurrección política. En una extraña coincidencia, la administración de Paz, sus aliados de derecha y Washington coinciden al culpar en un 100% a Morales, enmarcando las movilizaciones como un complot desestabilizador vertical. Esto es un error peligroso. Si bien los métodos utilizados por los manifestantes—bloqueos asfixiantes que aíslan a las principales ciudades—son profundamente problemáticos, destructivos para la economía y no pueden quedar en la impunidad, etiquetar a todo el movimiento como una conspiración evista ignora por completo las demandas materiales legítimas de la gente. Se trata de una sociedad fragmentada que reacciona ante la falta de canales institucionales funcionales para expresar el descontento popular.
La reciente insistencia del presidente Paz en el diálogo y su propuesta de conformar un Consejo Económico y Social inclusivo son loables. Debe mantenerse firme en ese camino. Tomar la ruta de la criminalización de toda la base social solo garantizará que los problemas económicos de fondo siguen sin resolverse, y el incendio resultante terminará por consumir su administración. Sin embargo, también debe existir una línea clara: el resto de Bolivia no puede seguir sufriendo una parálisis económica indefinida, y el vandalismo violento debe enfrentar consecuencias legales. Salir del abismo requiere atender las demandas domésticas y granulares del tejido social mediante un diálogo institucional genuino, en lugar de pelear guerras internacionales imaginarias por delegación en las calles de La Paz.