Manuel Morales Alvarez
El 6 de agosto pasado, al referirme a la importancia de ser país soberano y cumplir 199 años de vida republicana no pude soslayar la virtud que tiene Bolivia de poseer un mar verde dentro de sí, conformado por esa extensión de bosques en diferentes pisos ecológicos y que conforman nuestra riqueza colectiva. Más allá de perder nuestro acceso al litoral, el océano pacífico, tenemos este bosque verde lleno de selvas, arbustos y pastizales que cada año, personas perversas lo vienen quemando.
Los servicios que nos brinda nuestro mar verde van desde la generación de aire puro, la lluvia en su formación de ríos voladores, la inmensa riqueza animal, vegetal, conjugada en la llamada biodiversidad.
No es aceptable, quemar un territorio de bosque a cambio de una tierra habilitada para el cultivo de soya o el pastoreo de vacas. La equivalencia es demasiado asimétrica, la riqueza del bosques es inconmensurable frente a un chaco quemado, deforestado y habilitado para que una familia o un grupo de personas busque obtener algún beneficio particular, atentando contra un patrimonio que –en definitiva- es de todos.
En Bolivia hemos aceptado un pacto social sobre la tierra, especialmente desde la Reforma Agraria de 1952, pionera en Sudamérica. Este pacto significó una división entre los que no tenemos acceso a la tierra y los que sí la tienen. En mi caso, ciudadano de clase media, que no soy empresario ni formo parte de ninguna comunidad campesina o indígena, el Estado se abstiene de darme tierra, no gozo del derecho consagrado en el Artículo 30 de la Constitución: “6. A la titulación colectiva de tierras y territorios”. No tengo propiedad individual ni colectiva sobre la tierra. Sin embargo respeto a los propietarios de las tierras bolivianas, sean personas jurídicas, naturales o comunidades campesinas indígenas originarias. Y lo que me parece aberrante, es que ellos, teniendo acceso a la tierra, sean los actores que se dediquen a quemar los bosques, ya sea para sembrar, introducir ganados, ampliar la frontera agrícola a través del ecocidio o avasallar tierras fiscales o privadas para hacerse de más tierras y obtener beneficios personales.
Me resisto a que se queme nuestro “mar verde” mediante los incendios y los mismos chaqueos.
En Bolivia las quemas e incendios deberían ser investigados y sancionados, sin embargo, el gobierno de Evo Morales, el año 2013 promulgó la ley N°337 que instauraba el “perdonazo” para aquellos propietarios de predios ya identificados por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de forma retroactiva hasta el año de 1996. Es decir, el Estado boliviano incumplía sus deberes y obligaciones con la defensa del medio ambiente y los bosques, así con el mismo Código Penal, donde las normas establecían pagos pecuniarios y incluso la identificación de autores de delitos ambientales.
Si bien el perdonazo demandó la promulgación ilegítima de otras tres leyes adicionales, como la Ley Nº 502 (2014), Ley Nº 739 (2015) y Ley Nº 952 (2017), todas ellas con el rótulo de “apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, este verdadero incumplimiento de obligaciones debe tener una ejemplarizadora sanción de sus autores y beneficiarios, debido al artículo constitucional 347, que a la letra dispone:
“Artículo 347.
I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales” (CPE).
Debe quedar claro, que los daños ambientales en Bolivia, por mandato constitucional no prescriben, es decir, “aquello que no puede perderse por el transcurso del tiempo”.
La Constitución Política del Estado está por encima de las leyes 337, 502, 739 y 952, de manera que su abrogación debería ser la base del enjuiciamiento del Presidente, los ministros y parlamentarios involucrados en su elaboración y promulgación, así como en aquellos funcionarios públicos que la implementaron y todos aquellos ecocidas perdonados ilegalmente.
17 de septiembre de 2024