Manuel Morales
Dos decretos supremos del gobierno de Rodrigo Paz establecen el mecanismo de ajuste de los precios de los combustibles. La decisión implica que los nuevos precios podrán definirse en los próximos días sin necesidad de socializarlos previamente con la población. En los hechos, ambas normas eliminan la subvención estatal, por lo que un nuevo gasolinazo aparece como un escenario inminente.
Se trata del Decreto Supremo N° 5516, con su Anexo 1, y del Decreto Supremo N° 5548. Ambos establecen la adecuación de los precios de los combustibles a los costos de importación, incluyendo el petróleo que será refinado en Bolivia.
El levantamiento de la subvención deja un mensaje claro: los precios serán reajustados y el gobierno no volverá a subsidiar combustibles en el futuro. En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), es decir las garrafas, si este producto debe importarse en 2026, el ajuste de precios será inevitable desde el punto de vista normativo.
El Decreto Supremo N° 5516, promulgado el 13 de enero de 2026, fija los nuevos criterios para la determinación de precios. Según el Reglamento de Precios de los Productos Derivados del Petróleo (Anexo 1), el precio de referencia para los derivados —excepto el GLP— será el Precio de Paridad de Importación (PPI) del crudo. Este se calcula a partir del costo del producto más los costos logísticos, operacionales y financieros. Para el periodo transitorio se fija un PPI de 64,45 dólares por barril.
Sin embargo, la realidad internacional ha cambiado rápidamente. La guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un aumento significativo del precio del petróleo. Aunque el barril llegó a alcanzar los 120 dólares, posteriormente retrocedió y actualmente fluctúa entre 81 y 94 dólares, con tendencia al alza. El incremento supera el 32% respecto al precio de referencia.
Este fenómeno tiene efectos inmediatos: suben la gasolina y el diésel, aumentan los precios de bienes y servicios y se abre la posibilidad de un nuevo ciclo inflacionario a escala global.
En este contexto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importará crudo liviano para mejorar la calidad del combustible refinado en el país. Según explicó, la medida se aplicará en un plazo máximo de dos meses y, a futuro, se espera que una ley permita que empresas privadas también puedan importar combustibles.
Lo que el ministro Medinaceli y el ministro de Economía, Espinosa, no mencionan es el contenido del Decreto Supremo N° 5548, promulgado el 18 de febrero de 2026. Su artículo 9 establece claramente la prohibición de subvención: la importación de petróleo y la comercialización de sus productos regulados en el mercado interno —realizada por YPFB o por refinerías— no estarán sujetas a ningún tipo de subsidio estatal.
En términos prácticos, esto significa que el petróleo importado y refinado en Bolivia para producir gasolina y diésel deberá venderse a precios alineados con el mercado internacional. Es decir, el país se encamina hacia un segundo gasolinazo.
Las expectativas del gobierno de que el sector privado asuma esta tarea también parecen poco realistas. No existe información que indique que empresas privadas cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios para asumir una actividad en la que actualmente están fallando las propias instituciones públicas del sector energético.
Mientras tanto, Bolivia vive una situación paradójica. Tras la presión social que llevó a la abrogación del Decreto Supremo N° 5503 —que planteaba levantar la subvención a los carburantes— se esperaba al menos un suministro regular de combustibles y una mejora en la calidad del producto, incluso a un precio mayor.
Ese acuerdo implícito nunca se cumplió.
Por el contrario, la ciudadanía ha descubierto, a partir de los daños en motores de vehículos y motocicletas, que la gasolina mezclada con etanol presenta problemas de contaminación, con presencia de goma y otras impurezas. A ello se suman denuncias sobre posibles sobreprecios en la compra de combustibles importados durante la gestión de Rodrigo Paz.
Frente a este problema, la respuesta del gobierno ha sido aumentar el uso de aditivos químicos en la gasolina. Se anuncian más detergentes y antioxidantes, manteniendo al mismo tiempo el uso de alcohol anhidro (etanol), un componente vegetal que introduce humedad al combustible y puede agravar el problema.
En el contexto de la guerra internacional —una iniciativa que el gobierno de Paz respalda al participar en la cumbre del Escudo de las Américas— el aumento del precio de los combustibles parece inevitable. Pero también lo será la reacción social si el gobierno no garantiza, antes que nada, un combustible de calidad.
Trasladar el costo de una guerra internacional a los bolsillos de los ciudadanos es algo que la población boliviana difícilmente aceptará.
El panorama es claro: se levanta la subvención tomando como referencia un barril de petróleo de 64 dólares; la gasolina presenta problemas de calidad que dañan vehículos; el Decreto Supremo N° 5516 habilita el reajuste de precios; el Decreto Supremo N° 5548 prohíbe cualquier subvención; y el incremento internacional del precio del petróleo empuja los costos hacia arriba.
Todo indica que Bolivia se aproxima a un nuevo gasolinazo.
Y la población difícilmente aceptará pagar más por un combustible que, además de caro, sigue siendo de mala calidad.
12 de marzo de 2026